El fiscal federal subrogante de Mendoza, Fernando Alcaraz, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) requirieron la elevación a juicio de Sebastián Solé por lavado de dinero proveniente de la explotación de mujeres en dos prostíbulos de su propiedad que funcionaban en la capital de Mendoza, por los que en 2015 había sido condenado a diez años de prisión.
El pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal alcanza además a Cristian Prado -también condenado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza a tres años y medio de prisión-, a Gisela Haro, Romina Tonolli y Horacio José Solé, padre del principal acusado, a quienes se les endilga haber puesto en circulación en el mercado, administrado y transferido "con habitualidad bienes y dinero provenientes de la actividad ilícita".
Alcaraz y la Procelac consideraron acreditado que "Solé convirtió -mediante diversas adquisiciones- y administró con habitualidad los montos que superaban ampliamente los $300.000 y que obtenía de la explotación económica de la prostitución de personas que ejercían esa actividad en los prostíbulos de su propiedad", Pyme Nigth y Pyme Vip, al menos entre los meses de julio de 2010 y septiembre de 2013. Según un informe elaborado por la procuraduría especializada, la actividad ilícita le reportaba mensualmente un promedio aproximado de casi 80 mil pesos -entre julio y diciembre de 2010-; 157 mil -durante 2011-; casi 250 mil -en 2012- y 381 mil -en enero y febrero de 2013-. Los fondos provendrían del delito por el que fue condenado a prisión, ya que "no se le conoce otra actividad generadora de ganancias dinerarias".
