Alumnos, docentes y no docentes de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza (ETEC) evacuaron el edificio la mañana de este martes por una amenaza de bomba. Unos minutos antes de las 10, un llamado al 911 alertó sobre la supuesta presencia de un explosivo en la institución de la calle Perito Moreno al 2.397 de Godoy Cruz.
Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad y en pocos minutos el edificio fue completamente evacuado. Personal del Departamento de Explosivos comenzó a revisar el lugar mientras que se inició la investigación. Fue justamente ahí cuando el hecho se conviritó en algo completamente insóltito: había sido una administrativa del lugar la autora del llamado. Si es hallada culpable puede enfrentar una pena de hasta 15 días de prisión y una multa de hasta $18.000.
Tras la evacuación, el supervisor de turno del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) marcó el número desde donde realizaron la amenaza. Contra todo pronóstico, el número pertenecía al mismo colegio, o sea, el llamado había salido de un teléfono fijo de la institución. Primera sorpresa.
Segunda sorpresa: el operador reconoció la voz de la mujer que lo atendió y que se identificó como empleada administrativa del colegio. Era la misma voz que hizo la llamada alertando sobre un explosivo.
Pese a que dijo que esa línea es utilizaba por muchas personas se inició una investigación.
E ministro de Seguridad de la Provincia, Gianni Venier, explicó a Diario Los Andes: "El caso va a ser enviado a la Justicia. Es un hecho punido por el artículo 45 del código Contravencional sobre "uso indebido de llamadas".
El mismo establece que quien "utilizare de manera indebida el sistema de llamadas de emergencia o equivalente y requiriese la intervención o el auxilio de un organismo público, servicio público o de asistencia sanitaria o comunitaria será sancionado con multa desde trescientas (300) U.F. hasta un mil quinientas (1.500) U.F. o arresto desde tres (3) días hasta quince (15) días, cuando actuare con negligencia o imprudencia".
"Si se confirma que la responsable es empleada estatal le corresponde además la apertura de un sumario administrativo que puede derivar en la cesantía o exoneración de su cargo", sentenció Vennier. "Esto nos autoriza a cobrarle los gastos del procedimiento. Vamos a seguir el caso especialmente", concluyó.
