El Concejo Deliberante aprobó una reducción en los valores de las multas que se aplican por distintas infracciones de tránsito, especialmente en los casos en que se procede al secuestro del rodado utilizado por el infractor.
Para su sanción, se tuvo en cuenta que la multa es una pena y como tal debe necesariamente guardar proporción entre la falta cometida, el precio económico fijado y el valor del bien, demostrando en la práctica que su incremento en el costo, no es la solución eficaz para el caso.
Reconoce que en la actualidad los valores económicos fijados para las multas en la ordenanza 1992/2016, son claramente desproporcionados (...) y que su elevado costo no ha generado una disminución de las infracciones de tránsito cometidas con motocicletas y ciclomotores.
Esto ha generado la saturación de los depósitos municipales, mayores costos en custodia, seguros y mayor actividad del Juzgado de Faltas, sin tener un recupero adecuado de dichas erogaciones.