Las ganancias millonarias de las pesqueras que operan en Malvinas con licencia británica es tan grande, que los diarios españoles expresan las expectativas de las empresas gallegas, al destacar las declaraciones del titular del Gobierno isleño, Barry Elsby, en cuanto a que está "dispuesto a trabajar para lograr un acuerdo" con Argentina en materia pesquera y constituir una Organización Regional de Ordenación Pesquero (OROP); poniendo al descubierto el real interés del Reino Unido, de obtener a través de una entidad de control conjunto, la condición de estado rivereño; lo que significaría dar finalizado el reclamo de soberanía mediante un tratado que eleve a la condición de país vecino, al propio espacio del territorio nacional que usurpa Inglaterra.
El diario español "faro de Vigo" con absoluta interpretación de la naturaleza jurídica del tratado que busca Gran Bretaña y del interés que existe en España por las ganancias que le deja a su país la pesca y comercialización del calamar que captura en el atlántico sur y que comercializa en toda Europa; detalla que "Barry Elsby, presidente de la Asamblea Legislativa británica de Malvinas ha abierto la puerta a la creación de un acuerdo regional para la pesca junto a Argentina".
El funcionario británico dijo que "tanto Argentina como Malvinas" están "involucrados en la exploración de potenciales áreas de mutuo beneficio". Además, señaló que se llevó a cabo una "reciente y exitosa" investigación científica conjunta sobre la pesquería de calamar en el Cono Sur, producto que el gobierno del presidente Mauricio Macri reactivó en mayo de 2018.
Sobre esto último ya se había referido el mes pasado el ministro de Obras Públicas de la provincia de Tierra del Fuego Luis Vázquez, cuando declaró que, en la última reunión del Consejo Federal Pesquero, funcionarios nacionales informaron que "el perjuicio económico para la Argentina y nuestra provincia a partir de la venta ilegal de permisos de pesca por parte del Reino Unido", llega a los "170 mil millones de dólares".
Aun así, habiendo manifestado clara conciencia del perjuicio que significa para el futuro del recurso, como cuantificadas las pérdidas financieras para la Nación, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone presentó un proyecto de ley pretendiendo prohibir lo prohibido; que todos aquellos que sean electos para hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional, no puedan firmar acuerdos con otros países con relación a Malvinas.
Sin aprobación de Diputados y Senadores pero sin ir al fondo del problema y plantear la urgente necesidad de su rechazo parlamentario de los acuerdos que sin haber pasado por el Congreso de la Nación, se han constituidos en los instrumentos que le permiten a Gran Bretaña afianzar su posición de usurpador colonial y expandirse más allá del archipiélago malvinero, al encontrar gobiernos argentinos que habilitan la firma de tratados sin tener que abrir un proceso de diálogo por la soberanía, en los términos establecidos por Asamblea de las Naciones Unidas.
