El planteo lo formuló el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, en el que pidió la nulidad de la medida que autorizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires para aplicar a partir del 1 de enero.
El organismo reclamó que el incremento no tenga lugar, al considerar que la resolución que lo habilitó es de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad y genera un grave daño a los habitantes de la Provincia.
Lorenzino sostuvo que, “estamos frente a una medida que vulnera aún más los intereses económicos de los usuarios y consumidores, quienes vienen de años de sufrir tarifazos en un contexto de estancamiento de la actividad económica, de inflación y de pérdida de poder adquisitivo”.
Lorenzino cuestionó a las autoridades provinciales por habilitar un aumento que se aplicará cuando ya no estén en el gobierno, y consideró que la decisión responde nuevamente a la forma que tienen de analizar las tarifas como si estuvieran sometidas a las leyes de mercado, cuando en realidad se trata del pago de una contraprestación por la utilización de un servicio público esencial.
