La justicia va por más y ahora investiga a los testaferros encargados de transformar el flijo de dinero en bienes. Se trata de la maniobra que involucra a funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que durante ocho años desvió fondos públicos para enriquecerse y comprar vehículos de alta gama.
Además la justicia determinó que la banda contaba con un servicio destinado a custodiar los movimientos de los fondos. Según un informe al que pudo acceder el diario El Día, el fiscal que conduce la causa Juan Cruz Condomí Alcorta, busca lineas ampliatorias de la acusación contra los tres detenidos y otros dos funcionarios.
Según las primeras hipótesis el dinero sustraído, que se calcula en 300 mil pesos por mes, fue destinado a inversiones que estarían manejadas por dos familiares de uno de los detenidos. Se trata de la misma persona que se encuentra vinculada con una agencia de autos ubicada en calle 31 y 43.
La UFI N°16, quién esta a cargo de la causa se encuentra por estas horas en busca de bienes, propiedades y sociedades comerciales vinculadas con los funcionarios. "Estamos pidiendo informes a la Unidad de Investigaciones Financieras y también a otros países como Uruguay y Estados Unidos", reveló la fuente.
