La CGT Regional Jujuy presentó ante la Corte Suprema de Justicia local un pedido de nulidad de la reforma de la Carta Magna provincial argumentando que se “violentaron garantías constitucionales” durante el proceso y pidió al Gobierno jujeño “una mesa de diálogo” para plantear que “no se puede restringir el derecho a la protesta o a la huelga de los trabajadores”.
“Como central regional estamos denunciando las irregularidades que ha tenido el procedimiento utilizado para la reforma de la Constitución de Jujuy, y porque no podemos permitir que se cercene el derecho a la huelga o a la protesta de cualquier trabajador o trabajadora”, dijo el secretario gremial de la CGT Regional Jujuy, Freddy Berdeja, también titular de la Asociación Judicial provincial.
LA PROTESTA Y LA PAZ SOCIAL
Explicó el dirigente que la conducción cegetista solicitó discutir “el capítulo que hace referencia al derecho a la paz social”, como también planteó que “tenemos la obligación como central y como representantes de los trabajadores de pedirle al Gobierno que cada vez que lleve (a la Legislatura) una ley que pretenda reglamentar, como la reforma, convoque a los sectores” pertinentes, dicho esto en referencia a las treinta leyes que el Poder Ejecutivo procura que sancione la Legislatura para acompañar la reforma aprobada y jurada el 20 de junio pasado.
La acción autónoma de “inconstitucionalidad” fue presentada ante el máximo tribunal jujeño el 4 de septiembre pasado en sintonía con la CGT nacional respecto del rechazo a la iniciativa oficial.
Con anterioridad, la CGT Regional Jujuy se había pronunciado en contra de la reforma con dos documentos “para marcar su posición” y a favor de la convocatoria a “una mesa de diálogo para una reforma consensuada”, además de ser “parte activa en el reclamo del sector docente para declarar un paro provincial con el apoyo de la CGT nacional”.
Por su parte, el abogado de la CGT Regional Jujuy, Marcelo Elías, explicó que la acción impulsada es contra “todo el proceso desde su origen e inclusive desde el mismo proyecto de reforma que remite el titular del Ejecutivo a la Legislatura el año pasado, con tiempos empleados con plazos acotados”.
“No se puede restringir la libertad de manifestarse, la libertad de reunión y la libertad de ejercer los derechos de los trabajadores a cambio de alcanzar la paz social de la cual estamos todos de acuerdo”, cuestionó el expresidente del Colegio de Abogados.
Con información de Télam
