Tras la recepción de un oficio remitido poco antes por la Justicia provincial, este miércoles la Legislatura de Jujuy aprobó el desafuero y suspensión de la diputada Débora Juárez Orieta, del bloque Juntos por Jujuy-Frente de Todos. El pedido de desafuero fue cursado por el Juzgado de Control nº 6, en una causa por la supuesta venta irregular de lotes en la ciudad de Fraile Pintado, a 97 km de San Salvador de Jujuy.
Aunque sus compañeros de bancada salieron en defensa de Juárez Orieta reprochando a las autoridades de la Cámara que no se siguió el reglamento interno ante un pedido de tal naturaleza, e incluso recordaron el caso de otro pedido que, afirmaron, “estuvo en estudio más un año y se llegó a la suspensión del proceso de desafuero”, nada pudieron hacer para evitar la decisión de los demás miembros de la Cámara.
El debate se dio al inicio de la segunda sesión del período extraordinario de la Legislatura local, convocada para votar la designación de funcionarios para el Poder Judicial y una repartición provincial. En esta ocasión la Cámara de Diputados jujeña aprobó los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de catorce funcionarios judiciales y uno de la Dirección Provincial de Vialidad.
¿CÓMO FUE EL DESAFUERO DE JUÁREZ ORIETA?
En cuanto al pedido de desafuero para Juárez Orieta, el diputado Ramiro Tizón (Frente Cambia Jujuy), solicitó que la Cámara se constituya en Comisión para tratar el tema en lo inmediato “dada su importancia”, tal como argumentó.
La moción de Tizón fue aprobada, no obstante que desde el bloque Juntos por Jujuy-Frente de Todos, el diputado Alejandro Snopek objetó que no se estaba siguiendo el reglamento interno de la Legislatura para tramitar un pedido de desafuero.
“El reglamento dice que debe pasar a la Comisión de Asuntos Institucionales, que es una comisión ordinaria de funcionamiento de esta Cámara y es la que tiene que tratarlo, porque tiene que examinar, hacer un estudio en profundidad, y no como se pretende aquí, a las apuradas”, se quejó Snopek.
Además señaló que el asunto fue girado al parlamento local el martes, lo que impidió que “todos los diputados conozcan en profundidad las causas del desafuero” e hicieran una “suficiente evaluación”, como también marca el reglamento.
En ese contexto Snopek comparó la actuación que tuvo la Cámara en el caso de otra legisladora, años atrás: “Estuvo más de un año en estudio en la Comisión de Asuntos Institucionales una solicitud de desafuero de la diputada Mabel Balconte”, que “ingresó en marzo del 2016, girada por el Juez de Control 1, Gastón Mercau”.
“La Cámara resolvió, por dictamen de la Comisión, suspender el proceso de desafuero hasta que se encuentre en condiciones de ser tratado, porque no estaba firme, había instancias recursivas posteriores”, recordó el legislador.
Agregó a la vez que “en dicho caso había, incluso, una primera instancia de resolución por parte de la Justicia, y no se resolvió el desafuero”, mientras que desde el oficialismo negaron la existencia de pedido alguno.
Tras un breve cuarto intermedio, la resolución final aprobada, firmada por todos los diputados presentes del resto de los bloques, incluido el PJ, fue otorgar el desafuero solicitado y consecuentemente suspender en sus funciones a la diputada Débora Juárez Orieta mientras dure el proceso judicial.
