El juez Walter Bento, quien está procesado por coimas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, está cada vez más complicado. Este miércoles fue solicitada la suspensión de su cargo y que se habilite su detención por el diputado Pablo Tonelli, el instructor de su expediente en el Consejo de Magistratura.

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A través de una carta, el diputado del PRO le pidió al presidente del organismo Diego Molea el desafuero del juez, junto a la suspensión de su cargo, ya que “el procesamiento y la orden de prisión preventiva -que rigen contra Bento- se encuentran firmes y pasados en autoridad de cosa juzgada” para que así se pueda lograr “dar trámite formal a la comunicación recibida a fin de que el plenario de este Consejo tome conocimiento del oficio recibido, ponga a consideración la cuestión y resuelva la dispensa temporal del privilegio de inmunidad de arresto del magistrado en cuestión, así como el relevamiento transitorio de su cargo mientras tenga vigencia y operatividad la orden privativa de libertad dispuesta por el Poder Judicial”.

En palabras más sencillas, como los jueces poseen fueros que impiden su arresto según la ley 25.320, debe ser el Consejo de la Magistratura quien tome la decisión en plenario de quitarle los fueros. Solo así se permitirá la suspensión de su cargo y su arresto preventivo.

Sobre su situación de Bento hay un ida y vuelta entre el procesado y los opositores, ya que Tonelli sostiene que la falta de apelación de Bento al procesamiento fue una especie de luz verde a su arresto, desistiendo “voluntaria y expresamente” al recurso de apelación.

No obstante, el abogado de Bento asegura que esa decisión se basó en una movida estratégica de acudir a los tribunales internacionales o “ir directamente a juicio oral donde daremos vuelta la acusación”.

Además, Tonelli solicita que el juez sea separado de su cargo público, para así evitar que ejerza su función de “impartir justicia” en caso que Bento se encuentre privado de su libertad.

La causa de Bento

Actualmente, Bento se encuentra ejerciendo su cargo de Juez Federal de Mendoza, poseyendo la competencia electoral de la provincia, cargo que ocupa desde el 2005.

La semana pasada se conoció que se ordenó el procesamiento de Bento por ser el presunto jefe en delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Asimismo su esposa, Marta Isabel Boiza, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La sospecha y acusación en Bento recae en recibir dinero a cambio de beneficiar precios como jefe de una asociación ilícita, compuesta por abogados e intermediarios. La causa en total tiene 24 imputados, entre ellos su esposa.

Hasta el momento sus bienes fueron inhibidos y tiene un embargo por 327 millones de pesos. Tiene una fortuna que la Justicia no puede determinar su origen: viajes regulares a Miami y Las Vegas con estadías de más de un mes, tres autos Audi, una camioneta Amarok, 12 inmuebles e inversiones millonarias en fideicomisos.

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Por esta mega-causa, Tonelli sostiene que lo mejor para el litigio es separar a Bento de su cargo. “Se hace muy difícil explicar a la opinión pública y especialmente a los justiciables, que un juez que debería estar preso resuelve cotidianamente los casos que tramitan en el juzgado del que es titular y decide sobre la honra, la libertad y la fortuna de quienes se ven sometidos a su jurisdicción”, finalizó el diputado en su escrito.