La fiscalía apeló y pide una pena mayor para Milagro Sala

Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Jujuy que actuaron en el juicio denominado "Pibes Villeros" donde se investiga el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, presentaron un recurso de casación en el que solicitan una pena mayor para la dirigente social Milagro Sala y los demás acusados, informaron hoy fuentes judiciales.

Los fiscales Diego Cussel, Liliana Fernández de Montiel y Delia Ortiz, interpusieron un recurso de casación en contra de algunos puntos de la sentencia que diera a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Jujuy el 6 de marzo, según se indicó en comunicado de prensa.

Uno de los planteos que argumentaron los fiscales es que se sintieron "agraviados" por los "escasos montos de penas que el tribunal impuso tanto a Milagro Sala, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, como al resto de los acusados que fueron condenados".

En ese juicio se investigó a 30 acusados por asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales.

Durante el debate los fiscales habían solicitado 22 años de prisión para la líder a la organización barrial Tupac Amaru.

Milagro Sala, quien cumple con prisión domiciliaria en la capital jujeña, fue condenada finalmente a la pena de 13 años de prisión, mientras que para otros 15 imputados se dictaron penas de entre 2 a 8 años de prisión, en tanto que los 13 acusados restantes, fueron absueltos.

En ese marco la fiscalía fundó sus quejas en las circunstancias de que "en la sentencia se acotó el marco temporal de actuación de tal asociación ilícita a los años 2013 a 2015, a pesar de que varios de los testigos que fueron ex integrantes de la Tupac Amaru aseguraron en el juicio que estas defraudaciones al Estado venían ocurriendo desde el año 2008".

Asimismo, los fiscales recurrieron las penas para los ex integrantes del directorio del Instituto de Viviendas, Lucio Abregú y Tolosa Perea, al entender que el Tribunal "omitió condenarlos por la pluralidad de hechos de fraude a la administración pública por los que fueron acusados" y solicitaron que la Cámara de Casación Penal que "repare la injustificada omisión en la que incurrieron".

Apelaron además las absoluciones de dos ex funcionarios municipales y un allegado a la Tupac Amaru, al tiempo que pidieron una condena de cinco años de prisión para el esposo de la Sala, Raul Noro.

Finalmente solicitaron a la Cámara que se revoque el dictamen que produjo el Tribunal en lo Criminal N°3, cuando ordenó poner los bienes decomisados en el proceso a disposición del Superior Tribunal de Justicia, mientras los fiscales quieren que el decomiso pase a su órbita.