El jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Jujuy, Gustavo Briones, renunció a su cargo y cuestionó la "irrespetuosa intromisión" del Poder Ejecutivo provincial en el caso que terminó con la muerte de la beba nacida de la cesárea practicada a una nena de 12 años, víctima de violación, que había pedido junto a su familia la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El médico, en desacuerdo con la cesárea, dijo que se "desaconsejó la interrupción del embarazo, por cuanto el feto - de acuerdo a su edad gestacional - tenía altísimo riesgo de morir en caso de ser separado del seno materno", según la carta de renuncia, presentada ayer.
Apuntó que el proceder del Poder Ejecutivo desatendió "la opinión profesional brindada por la totalidad de los médicos especialistas presentes que integran el servicio (29/30)", ello "relacionado con el nacimiento, innecesaria colocación en riesgo y posterior fallecimiento de un prematuro inmaduro".
Briones señaló que "es unánime la bibliografía en establecer que un feto con peso inferior a los 1000 gramos y con edad gestacional menor a 27.6 semanas se denomina prematuro inmaduro y goza de bajísimas expectativas de sobrevida".
Por otro lado, aseguró que "resultó inviable la práctica del aborto ya que conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud esta operación sólo se realiza hasta la semana veintidós".
Finalmente, asegurando no desconocer los derechos de la niña embarazada, resumió que "al prescindir del criterio médico profesional, el Poder Ejecutivo no solo irrespetó gravemente a un servicio modelo en la provincia, sino que además desoyó los antecedentes y avales científicos; soslayo el riesgo en que colocó a la vida de la persona por nacer, lo que provocó el penoso desenlace".