El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy aprobó este viernes un nuevo "Protocolo de uso de dispositivos de geoposicionamiento para temas de Violencia de Género" que busca garantizar la efectividad del mecanismo en prevenir y/o evitar la comisión de los delitos vinculados a esa problemática.
El mismo había sido presentado por el Ministerio de Seguridad provincial tras la adquisición, en diciembre del año pasado, de dispositivos GPS para controlar la ubicación en especial de agresores denunciados por violencia de género que tengan prohibiciones de acercarse a sus víctimas.
La aprobación del protocolo se emitió mediante una acordada en la que el máximo tribunal judicial de Jujuy pondera la "significación" de ese instrumento dado que procura "coordinar organizadamente las acciones necesarias para ejecutar de forma segura y eficaz un método de prevención de delitos vinculados a la violencia de género, aprovechando las ventajas del uso de herramientas tecnológicas y garantizando, a la vez, la efectividad de la implementación de un mecanismo como el aludido".
El protocolo determina la metodología que utilizará el Ministerio de Seguridad en la entrega y colocación de dispositivos de geoposicionamiento, para el control del cumplimiento de las medidas de prohibición de acercamiento, impedimento de contacto y violencia de género, que fueran ordenadas por magistrados del Fuero Penal, Juzgado especializado en Violencia de Género o por Jueces del Fuero civil con especialización en Familia.
En el documento, entre otros aspectos, se define la estructura y funcionamiento de un Centro de Monitoreo y Gestión, y el procedimiento a seguir cuando en causas de violencia de género se dispusiere una medida restrictiva que requiera el uso de dispositivos de geoposicionamiento.
Además, se especifica las disposiciones para la gestión de los diferentes tipos de avisos que se generan, clasificados en Alta Prioridad y Alertas, y las respuestas a los mismos.
En materia de Violencia de Género, se recordó que la provincia contaba desde 2018 con un "Protocolo de Actuación para la implementación del Mecanismo de Vigilancia Electrónica", superado por el nuevo protocolo, que determina específicamente cada paso a seguir para garantizar efectividad en la implementación de los dispositivos.
