Rápido de reflejos, podría decirse, después de atravesar el jueves un momento de cierta tesión en Fraile Pintado y haber tomado nota de las movilizaciones de organizaciones sociales a las oficinas de la Su.Se.Pu. y la propia Casa de Gobierno, el gobernador Gerardo Morales decidió congelar la tarifa de la energía eléctrica por 180 días en la provincia de Jujuy, "al igual que en la Nación, a partir del 1 de enero de 2020".
"Este decreto establece cuestiones importantes para los usuarios del servicio de energía eléctrica en la provincia", dijo el secretario de Energía, Mario Pizarro, al mismo tiempo que puntualizó que seguirá en "vigencia permanente" el registro para acogerse a la "tarifa social" y un sistema de beneficios y subsidios para usuarios que "tengan inconvenientes en hacer frente al servicio y que no estén encuadrados en tarifa social".
"Este gobierno, con fondos propios, viene sosteniendo la tarifa social a lo largo de todo 2019, y también lo vamos a seguir haciendo en todo 2020, para todos aquellos usuarios que estén comprendidos dentro de la tarifa social", aseguró Pizarro.
En ese marco, confirmó que el registro para acceder a la tarifa social "quedará abierto en forma permanente, a fin de que quienes no se hayan reempadronado, lo puedan hacer y de esta manera acceder a este beneficio social que ya posee condiciones específicas".
Asimismo, indicó que la resolución "contempla a un sector importante de la ciudadanía, que son todos aquellos usuarios que no están comprendidos en el régimen de tarifa social, y que a partir de ahora podrán, en el caso de que tengan inconvenientes para pagar la factura del servicio, realizar gestiones ante la Secretaría de Energía de Jujuy".
De esta manera los usuarios podrán obtener un subsidio, a fin de "solucionar cuestiones particulares y puntuales que se determinen del análisis de esa situación personal", añadió.
Sobre las facturas ya emitidas, el funcionario aclaró que si el usuario "cumpliera los requisitos para acceder a la tarifa social, tendrá una compensación en su factura".
En parte, el cuadro de situación alcanzó el nivel que se vio el jueves por cuanto varios miles de beneficiarios no se habían reempadronado para continuar gozando del beneficio de la tarifa social en el ejercicio 2020, lo que provocó generalizada alarma por los montos que esos usuarios debían pasar a pagar al quedar fuera del esquema.
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También los reclamos apuntaron hacia el aumento en la tarifa del servicio eléctrico, lo que tuvo como respuesta la medida dictada este viernes para su congelamiento por un lapso de seis meses.
Un aspecto que también refirió el funcionario es que el Estado provincial "solo tiene injerencia sobre el un tercio del valor de la energía que se factura"; el otro tercio lo determina el precio de compra de la energía más el transporte, ítems que fija la Nación; y el resto son tasas municipales e impuestos.
La provisión del servicio público está a cargo de la empresa Ejesa, bajo la regulación de leyes y un contrato de concesión -que datan de más de 20 años- en el cual se establece el mecanismo para la determinación de la tarifa.
Al momento de hacer el anuncio, Pizarro estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; acompañados por el presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Alberto Bernis; el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (Su.Se.Pu.), Héctor Simone, y los diputados provinciales Fabián Tejerina, Néstor Sanabia y Santiago Jubert.
