La diputada nacional Carolina Moisés trabaja a fin de conseguir los votos necesarios para que la Cámara baja apruebe su pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Nación referido a un convenio celebrado entre el Gobierno de Jujuy y la Administración de Parques Nacionales (APN) "en el cual establecen los alcances de la intervención" que tendrá el organismo "en el área delimitada del Yacimiento Caimancito".
Moisés entiende que en ese marco se estaría produciendo una "situación irregular", que es la cesión de 1.000 hectáreas de áreas protegidas del Parque Nacional Calilegua a la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
"Esta situación viene siendo denunciada por organizaciones ambientales, trabajadores y pobladores de Calilegua ya que esos convenios enmascaran la cesión de mil hectáreas protegidas a la empresa Jemse para su explotación" en el rubro petrolífero.
Según la diputada justicialista, mediante esos convenios se estaría "imposibilitando que se fiscalice los aspectos ambientales dentro del Parque Nacional Calilegua e impedirá el control por el cese de la explotación de petróleo, como la ley provincial lo exige".
El cuestionamiento está enfocado en el Convenio de Regularización del Parque Nacional Calilegua que fuera firmado el año pasado por el Directorio de la APN y el Gobierno de Jujuy, y refrendado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En cuanto a los antecedentes, Moisés apunta que "la reserva nacional de Calilegua fue cedida por la Provincia en 1978 al Estado Nacional con destino al Servicio de Parques Nacionales. En 1996 la APN y la concesionara firmaron un acta acuerdo estableciendo un plan de cuidado ambiental".
Cita también que "en el 2018 el Gobierno Provincial autoriza la explotación controlada a una sociedad integrada por JEMSE, y firman una carta de intención para extender la explotación del yacimiento hasta 2037. Esa concesión preveía la apertura de nuevos pozos dentro del parque aumentando la producción de petróleo", advierte la diputada sampedreña en los fundamentos de su proyecto.
Adierte asimismo que "hay entre 33 y 36 pozos petroleros, algunos de los cuales presentan un alto riesgo de roturas o pérdidas, provocando la contaminación en los recursos naturales, afectando especialmente ríos y napas de agua vitales para el ecosistema, como ya se constató en el año 2000 la contaminación en el arroyo Yuto, que atraviesa el Parque Nacional, provocado por el pozo abandonado Caimancito e-3 que se encontraba fuera del área concesionada".
Puntualiza a la vez Moisés que en 2015 por ley de la Provincia se dispuso "el cese de la explotaciónde petróleo en el Parque" y facultar al Poder Ejecutivo para "requerir y demandar en forma extrajudiciaĺ o judicial el cierre de los pozos petroleros" ubicados en la reserva e implementar "demás acciones que resulten necesarias para remediar los pasivos ambientales derivados de la explotación hidrocarburífera".
Así es como interpretando que los "Convenios Específicos de regulación de facultades en el Yacimiento Caimancito" firmados entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y la Administración de Parques Nacionales revisten un "gran potencial perjudicial para la provincia y sus recursos naturales" la legisladora impulsa su iniciativa para "que se informe y se revea la situación".
