La historia de Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, quien ha sido acusado de liderar uno de los mayores esquemas Ponzi de los últimos tiempos, sigue desarrollándose con su regreso a prisión. Tras haber sido liberado del penal de Magdalena a principios de julio, la Sala V de la Cámara Criminal de Buenos Aires, que confirmó parcialmente su procesamiento, ordenó ayer su detención preventiva nuevamente por 524 casos de estafa, tal como lo solicitó la fiscal Mónica Cuñarro, con el expediente actualmente bajo la responsabilidad de la jueza Vanesa Peluffo.
Hoy por la mañana, Muszak fue detenido en su departamento en Palermo por la PFA, junto a dos de sus principales colaboradores, Pedro Luis Viggiano y Paola Vallone. Al cierre de este informe, a las 8:45 del jueves, aún se estaba a la espera de la captura del cuarto implicado en el caso, Rodolfo Cleto García, quien ocupa el segundo lugar en importancia después del CEO.
Muszak había estado en prisión en Magdalena no por la causa de Buenos Aires, sino por una investigación liderada por el fiscal Alejandro Guevara en Vicente López, donde se le acusó de 23 casos de estafa. Se le prometían intereses de hasta un 12 a 14 por ciento anual. Las presuntas víctimas llegaron a invertir sumas superiores a los 70 mil dólares entre agosto de 2022 y mayo de 2023, cuando el escándalo por las acusaciones en su contra ya era público. No obstante, la Cámara de San Isidro le permitió salir tras imponerle una elevada fianza.
Caso Wenance: las víctimas reclaman sus activos
Tras conocer la decisión del tribunal, el abogado Roberto Durrieu, quien representa a más de 230 víctimas en diversos casos contra Muszak, hizo una declaración.
La orden de detención “suma al objetivo primordial del Estado argentino y de las víctimas de ir tras la ruta del dinero y de repatriar los activos derivados del fraude y lavado de dinero de la empresa criminal”, expresó el abogado.
Asimismo, señaló que todas las víctimas están al tanto de que sus activos se encuentran en Estados Unidos, Suiza y Argentina. En el fallo publicado se destaca que los delitos investigados revelan la existencia de un “pacto criminal encubierto”.
La fiscal Mónica Curraro afirmó que “la maniobra debe ser considerada y comprendida como una estafa piramidal, también conocida como esquema Ponzi”.
Este tipo de estafa se fundamenta en un esquema fraudulento de inversión que promete altos rendimientos sin riesgo alguno, utilizando los fondos de nuevos inversores para cubrir las inversiones de los anteriores.
