Dos días. Para la Ley de Contrato de Trabajo argentina, el padre solo tiene 48 horas de licencia de su trabajo para tareas de cuidado por nacimiento. La madre, 2.160. Y esto solo alcanza a los trabajadores formales en relación de dependencia. Este sistema fragmentado e inequitativo es el inicio de una cadena de desigualdades que se extiende a medida que la niña o niño crece y que va más allá de las licencias: solo el 19,1% de las chicas y chicos de 0 a 3 años accede a servicios de educación y cuidados, con fuertes disparidades. El acceso a cuidados de calidad depende del lugar donde nacen y de las condiciones socioeconómicas de los hogares donde crecen.
¿Quiénes cuidan? En su gran mayoría, las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Uso de tiempo (2021), ellas dedican el doble de tiempo que los varones en las tareas de cuidado: 6 horas versus 3 diarias. Y esto tiene efectos. Los datos son contundentes: la brecha con respecto a la participación laboral entre varones y mujeres es de casi 15 puntos (EPH, 2022). Es decir que, al quedar las mujeres dentro de los hogares asumiendo las tareas de cuidado, se obstaculiza su posibilidad de desarrollo personal e inserción en el mercado del trabajo: se retiran o se insertan en mayor medida en empleos informales: 38% la tasa de informalidad en mujeres frente al 34% en varones (EPH, 2022). Y todo esto tiene efecto directo en las infancias y adolescencias: los hogares liderados por mujeres tienen tasas de pobreza infantil 10 puntos más altas que los liderados por varones (EPH, 2022).
La falta de sistemas de cuidados también genera efectos sobre las niñas, niños y adolescentes. También cuidan las niñas y adolescentes. En muchos hogares, frente a la falta de otras alternativas, son ellas quienes cuidan: un 10% de las adolescentes de 16 y 17 años realizan tareas de cuidado y le dedican en promedio 5,3 horas diarias (ENUT, 2021). El espiral vuelve a profundizarse: asumen una responsabilidad no acorde a su edad y que vulnera su derecho a estar en la escuela o de jugar con sus pares.
“El marco jurídico quedó antiguo”, explica Carolina Aulicino, Oficial de Políticas Sociales de UNICEF Argentina. Durante décadas se han llevado adelante debates alrededor de la problemática y la necesidad de modificar la normativa de licencias y avanzar hacia una política integral de cuidados: todas las iniciativas presentadas en el Congreso perdieron consenso y estado parlamentario.
“La raíz del problema está en la ‘naturalización’ de este tipo de tareas, como si las mujeres ‘por naturaleza’ supiesen cuidar mejor; el mito del ‘instinto materno’”, amplia. “El trabajo de cuidado queda invisibilizado, tratado como una cuestión de organización privada dentro del hogar, por lo cual no es reconocido ni valorado como los demás tipos de trabajo”.
Actualmente, se están debatiendo y estudiando en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados más de 30 proyectos que abordan políticas de cuidado. “Es importante que la modificación del esquema actual de licencias no solo amplíe la duración de las existentes, incorpore los casos de adopciones y otras necesidades de cuidados, sino que también la cobertura incorpore a otras y otros trabajadores: monotributistas, monotributistas sociales y autónomos”, afirma Aulicino. “Esto constituiría un paso indispensable para desarrollar una política basada en derechos y con enfoque de género”.
Si se toma como ejemplo la propuesta de ampliación gradual incluida en el proyecto Cuidar en Igualdad presentada por el Poder Ejecutivo, que propone, entre otras cuestiones, modificaciones graduales hasta alcanzar 90 días para no gestantes al cabo de 8 años -incluyendo a monotributistas y autónomos- según estimaciones de UNICEF, el costo fiscal al primer año de implementación de un nuevo régimen tendría un costo anual adicional del 0,04%; a los seis años, del 0,08% y a los 8 años, alcanzando la extensión máxima propuesta, representaría un costo adicional del 0,1% del PIB. Adicionalmente, el peso de la ampliación hacia monotributistas y autónomos representa un porcentaje significativamente menor: solo el 7% del costo total de la propuesta de ampliación y el 0,01% del PIB.
La falta de conocimiento sobre el impacto positivo que tienen estas políticas para el desarrollo económico y social de un país hace que no exista una fuerte demanda social que acompañe. Son políticas que, lejos de ser un costo, constituyen una inversión que permitirá contribuir a reducir la pobreza infantil, generar empleo remunerado en el sector del cuidado en condiciones de empleo decente y aumentar, incluso, la productividad. Según OIT (2022), en un escenario moderado, una política que cubra el déficit de cuidados en Argentina generaría cerca de 600 mil puestos de trabajo en el sector de educación, casi 450 mil en el de salud y más de 780 mil de cuidados de larga duración para 2030. UNICEF estima que la productividad del sector privado también aumentaría al promover una mayor conciliación entre las responsabilidades laborales y de cuidado entre sus trabajadoras y trabajadores.
“Es necesario pensar a las políticas públicas de cuidado equitativo como una inversión que permitirá contribuir a reducir la pobreza infantil”, concluye la Oficial de UNICEF. “Ubicar a las infancias en el centro de los debates permite pensar la mayor ampliación de derechos posibles para ellas y ellos y reducir las desigualdades”.
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