La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), frente a los conflictos por el Consejo de la Magistratura, solicitó a las autoridades políticas que sostengan un camino de “desarrollo sostenible” para el país.
Los cruces de bloques políticos alrededor de posibles reformas judiciales afectan directamente las “reglas básicas para la convivencia institucional de nuestro país”.
La institución se pronunció con su claro mensaje. La ACDE sostuvo como primordial “asegurar una justicia independiente en beneficio de todos”.
El comunicado oficial de ACDE
“La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) pide a las autoridades políticas del país que preserven a las instituciones nacionales de las disputas personales y políticas para que la Argentina pueda retomar un sendero razonable de crecimiento e inclusión.
Asistimos hoy a un triste espectáculo en el que las reglas básicas para la convivencia institucional de nuestro país se fuerzan al punto de caer en una manipulación artera, tendiente a buscar ventajas partidarias y horadar organismos fundamentales para la consagrada independencia de poderes, como es el Consejo de la Magistratura. Los empresarios cristianos no podemos ser meros espectadores mientras se intentan impulsar intereses personales a costa de dañar nuestras instituciones.
Respetar las instituciones es apostar por el desarrollo del país, es buscar caminos para salir de décadas de estancamiento, baja generación de empleo y profundización de la desigualdad. Si queremos verdadera inclusión y desarrollo sostenible a partir del trabajo decente, tenemos que empezar por respetar las reglas de juego y asegurar una justicia independiente en beneficio de todos.
Como argentinos nos debemos gestos de grandeza y de amistad social, que nos lleven a superar el agravio, la descalificación y los enfrentamientos estériles y nos permitan fortalecer lazos de pertenencia.
Entendemos que la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución. Por eso apelamos a la responsabilidad institucional de todos los actores políticos para que las disputas en Argentina se diriman dentro del marco de la ley, la transparencia y una ética profunda que ponga por delante el bien común por sobre el interés electoral o particular”.
