Tras la decisión del Gobierno Nacional de finalizar el contrato de concesión del Corredor Vial 18, operado por la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recibió a representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores de peaje en la provincia.
Finaliza la concesión de Caminos del Río Uruguay y hay incertidumbre laboral
Mediante la Resolución 565/2025, Vialidad Nacional dispuso la recepción de los tramos administrados por dicha empresa hasta el 9 de abril a las 00:00, momento en que concluyó formalmente el vínculo contractual. Concluyeron también otros servicios que operaban en las rutas ante siniestros viales.
La medida deja sin empleo a más de 200 trabajadores que prestaban servicios en los peajes de la Ruta Nacional Nº 14.
Ante este escenario, el gobierno provincial manifestó su profunda preocupación y comenzó a trabajar en diferentes acciones para abordar la situación. El ministro Troncoso se comprometió a gestionar una instancia de diálogo con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, con el objetivo de encontrar alternativas para los trabajadores afectados.
“Estamos preocupados y nos estamos ocupando del tema. Sabemos que es una decisión de Nación y responde a una administración deficiente de la empresa que hasta ayer era concesionaria de la ruta”, expresó el ministro indicando que este lunes la Secretaría de Trabajo provincial, como autoridad administrativa laboral, convocó a una mesa de trabajo con todas las partes involucradas para acercar posiciones e intentar encauzar la situación.
Desde el Gobierno Provincial se reconoció que la administración de los contratos de concesión de rutas nacionales es una potestad exclusiva del Estado nacional, pero se advirtió que las consecuencias sociales y laborales de estas decisiones exigen una respuesta urgente y coordinada.
Argumentos de Vialidad Nacional
Vialidad Nacional informó que ha labrado actas por incumplimientos contractuales contra Caminos del Río Uruguay S.A. por un total de 60.000 millones de pesos, entre sanciones ya resueltas y otras en proceso. La actual gestión del organismo ha intensificado los controles sobre la concesión, que presenta un deterioro evidente y de público conocimiento.
Esta cifra no está cerrada. Al finalizar el contrato y tomar posesión, se realiza una evaluación final que podría derivar en nuevas multas, señala el comunicado oficial.
En relación a los trabajadores, Vialidad Nacional aclaró que los vínculos laborales son de exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria, y que el organismo actúa únicamente como ente contratante dentro de un conjunto de acuerdos con prestadoras de servicios y empresas concesionarias.
