El Gobierno empieza a poner presión sobre Edesur, la empresa que en las últimas horas fue multada por los múltiples cortes de luz que afectaron a vecinos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. En ese marco, la portavoz, Gabriela Cerruti, señaló que existe la posibilidad de expropiar la empresa si no se cumple con los requisitos.
En su habitual conferencia de prensa, la vocera presidencial en conferencia de prensa desde la Casa Rosada señaló que “el Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios de Edesur”.
Y agregó: “En el caso de Edesur, el nivel de maltrato a los consumidores lo venimos viendo durante los últimos años y ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa y la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad de la empresa”.
Ante este escenario, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles que se multará a Edesur con $1000 millones. Además, se designará una veeduría con auditoría de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para controlar la operatoria general de la empresa.
En ese sentido, la portavoz señaló que “no hay ninguna crisis energética en la Argentina”. “Es uno de los pocos países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética, no hubo desabastecimiento en las empresas... Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa puntual y esa es la empresa que ha intervenido esa empresa”, remarcó.
¿Es posible expropiar una empresa como Edesur?
El anuncio de la portavoz presidencial no sería la primera intención del Gobierno de Alberto Fernández de hacerse cargo de una empresa privada, como sucedió con Vicentín por el año 2020. En ese sentido, los múltiples cortes que vienen sucediendo con Edesur, pusieron a la empresa en el ojo de la tormenta, más que nada porque desde Edenor no se han registrado la misma cantidad de cortes en los últimos meses.
El más grande, recientemente, fue el que ocurrió en pleno año nuevo cuando explotó un transformador que dejó sin luz a media Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona sur del Conurbano. A eso se sumó los cortes y las protestas de los vecinos por los cortes que hubo producto de la ola de calor.
Ahora bien, el proceso de expropiación no es sencillo para el Gobierno, por no decir que es casi imposible en un año electoral. De acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable y solo existe la chance de quitarle ese beneficio a través de una ley que debe aprobarse en el Congreso Nacional, donde el Gobierno no cuenta con mayoría.
El procedimiento de expropiación se inicia por la solicitud por parte de una secretaría de estado o del gobierno del Distrito Federal, debiendo estar refrendada por los secretarios de Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de la dependencia interesada, la expropiación se efectúa a través de un decreto expropiatorio del Ejecutivo Federal.
La Ley de Expropiación establece que la expropiación deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes a expropiar, así como las reglas del pago de indemnizaciones.
Quiénes son los dueños de Edesur y su relación con la empresa
Los verdaderos dueños de la empresa prestadora de servicio para la zona sur del AMBA no están cerca de la realidad que viven los ciudadanos. Edesur es propiedad de Enel, una compañía eléctrica multinacional que es un operador integrado líder en los mercados de energía y renovables. Pero además, comparte la propiedad con Distrilec, una sociedad inversora sobre la empresa de energía en Buenos Aires.
Sin embargo, en noviembre se conoció que Enel venderá sus activos en Argentina y en Perú, en un proceso que se dará entre el 2023 y 2025, por lo que no van a invertir en equipamiento ni en renovar las redes desgastadas por las intensas olas de calor que ha vivido el país en los últimos años.
El grupo controlado por el Estado italiano tiene la intención de invertir alrededor de 37.000 millones de euros en los próximos tres años en sus seis mercados principales: Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.
