Continúa la polémica en el Poder Judicial de Córdoba, donde un grupo de empleados que no quieren vacunarse contra el Covid-19 se niegan también a realizar los PCR solicitados. Ahora, los judiciales ya inmunizados se niegan a compartir espacio con los que no se han inoculado.
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La polémica comenzó cuando el Tribunal Superior de Justicia determinó que aquellos no vacunados deberán realizar un análisis PCR cada 72 horas, sino se los licenciaría sin goce de sueldo. Ante esto, un colectivo de unas 60 personas presentó un pedido de reconsideración a estas exigencias.
Más allá de las exigencias laborales, ahora hay un buen número de empleados y funcionarios que se opone a tener que compartir el mismo ámbito laboral con quienes reniegan de las vacunas, según publicó La Voz.
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“Es un gran riesgo, es una falta de respeto a todos, no tienen responsabilidad civil ni social”, sostienen aquellos que se vacunaron y no quieren compartir espacios de trabajo. Estas mismas personas coinciden con el TSJ en que aquellos que no quieren vacunarse deben realizarse un PCR.