En el marco del retorno a la presencialidad en los Tribunales de la provincia, unos 60 empleados judiciales rechazaron las condiciones establecidas para volver a sus puestos de trabajo. Se niegan tanto a vacunarse contra el coronavirus como a hisoparse cada 72 horas.

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Ante esta situación, los trabajadores judiciales presentaron una denuncia frente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La abogada Mariela Pérez Cesaratto, quien representa a estos empleados, aseguró que la institución “se arroga facultades legislativas” y que está “entrando en una medida coercitiva”.

En este sentido, la letrada señaló que “el TSJ está yendo más allá de lo que la ley le permite”. “El incurrir en el tema de la retención de haberes como represalia es mobbing laboral”, consideró Pérez Cesaratto en diálogo con Arriba Córdoba.

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Los empleados argumentan que la inoculación no es obligatoria, sino que es optativa y que las vacunas todavía están en una etapa experimental. Por su parte, la abogada aseguró que “un hisopado al ser invasivo de las vías aéreas te deja vulnerable a otras infecciones”, y que todas estas medidas “atentan contra la salud de los empleados”