Días atrás, la Municipalidad de Córdoba dispuso la clausura de un bar ubicado en el Parque Sarmiento, tras detectar “volcamientos de líquidos cloacales” a la laguna. Este jueves, la sanción se agravó y decidieron revocarle la habilitación. Al respecto, su dueña desmintió la acusación y denunció persecución.
Se trata del local Rakú, al cual el ente municipal BioCórdoba revocó el permiso precario de concesión, a raíz de supuestas irregularidades. “En el operativo de control se encontró una fosa cubierta por ramas de dos metros de diámetro, con una profundidad aproximada de dos metros, en la que se observaron líquidos con olor cloacal que se vertían directamente al reservorio de agua del parque Sarmiento”, indicaba el comunicado de clausura.
Sin embargo, según La Voz, la “fosa” había sido denunciada el 1° de enero por la propietaria del bar, María Belén Heredia, luego de las lluvias de la madrugada del primer día de este año. Incluso, la comerciante afirmó que personal de Defensa Civil lo cubrió con ramas y cajones que ella le facilitó.
La tajante decisión del municipio
El IPA clausuró el local y le labraron actas por no contar con servicio propio de recolección de residuos. Aunque nunca se siguió el recorrido de esa cañería para ver de dónde provenía, y se obvió que son ductos que se usan para agua, no desechos cloacales, según trascendió.
La Voz detalló que la inspección que ordenó la Justicia de Faltas no encontró rastros cloacales. A su vez, este jueves, un inspector del Observatorio Ambiental municipal hizo vaciar el pozo y “no se pudo observar ingreso de líquido que provenga del sistema de efluentes”, asegura el acta.
Tras conocerse la resolución de BioCórdoba, se agravó aún más la relación entre la dueña del bar y la Municipalidad. La propietaria ahora asegura, a través de su abogado, que es víctima de una “persecución”.
El reclamo del bar
Por su parte, la directora de Fiscalización Ambiental Y Sostenibilidad del IPA, Guadalupe Trillo, informó que durante las inspecciones sí se constató la existencia de un caño que provenía de una “grasera” (adonde van a parar los líquidos de las bachas para limpiar vajilla) y numerosos rastros de grasa y detergente en dirección hacia la laguna. Ese caño, dijo, provenía del local.
Y si bien el abogado que representa a la propietaria de Rakú, Fernando Fraire, sostiene que su cliente desconocía la existencia de ese conducto, Trillo refutó ese argumento planteando que para tramitar la habilitación precaria se debieron presentar planos.
“Ese conducto no viene del local comercial. Ahí había un pozo negro viejo, que data de unos 20 años atrás, que quedó en desuso. La conexión de mi clienta de la ‘grasera’ está en perfecto estado y sin alteraciones”, aseguró Fraire y dijo que el pozo es de un permisionario anterior.
“No estábamos informados de los argumentos que se esgrimen en la resolución para la clausura. El ente BioCórdoba le debe a mi cliente una factura de 250 mil pesos de funcionarios que fueron a comer al bar”, cuestionó el letrado.
También dijo que el municipio busca quedarse con “la concesión del bar”. “En la resolución hablan de un movimiento del bar, porque no debía estar ahí, porque tapa la visión de la laguna. De manera automática ordenan sacar la autorización para funcionar y mi clienta no fue notificada de un proyecto de ordenamiento. Se está desayunando ahora con la información”, reprochó.
