El juicio que investiga la muerte de Luciano Valentín Aranda entró en su etapa final en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba. El adolescente falleció en enero de 2022 tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaba al fútbol en un espacio público de barrio Alto Alberdi.
El joven, que soñaba con ser futbolista, tocó una columna de alumbrado para buscar una pelota y esto resultó ser fatal. La tragedia puso en evidencia la deficiente mantención del sistema eléctrico en las áreas verdes y recreativas de la ciudad.
Piden condenas a municipales por un adolescente que murió electrocutado
El representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Berger, solicitó una condena de ejecución condicional de tres años. Los acusados son Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli, todos pertenecientes al Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba.
Berger los responsabilizó por el delito de homicidio culposo. El fiscal basó su acusación en la negligencia, imprudencia e impericia al señalar que, incluso con vandalismo, la caja de energía no estaba en condiciones adecuadas de mantenimiento. Además, requirió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de cinco años.
El abogado querellante, Carlos Nayi, quien representa a la familia de la víctima, adhirió al pedido de la fiscalía y solicitó la misma pena de tres años de ejecución condicional por el mismo delito. Nayi sostuvo que la muerte fue una “crónica de una muerte anunciada” debido a la ausencia estatal y la conducta arbitraria de los funcionarios. El letrado aseguró que la plaza, que era frecuentada por niños, recibía constantes reclamos desde 2017 por malezas altas, luminarias sin encender y cables sueltos. Se comprobó que el sistema eléctrico de aquel lugar estaba completamente fuera de norma. Justamente, la caja eléctrica del poste que causó la descarga exhibía su estructura en muy mal estado.
En contraste, las defensas expusieron sus alegatos solicitando la absolución de los cuatro imputados. Liderados por Pedro Despouy, los defensores señalaron al vandalismo como la causa eficiente del fallecimiento y que el hecho era imprevisible. Argumentaron que quedó probada la insolvencia estructural del sistema de alumbrado público y la absoluta imposibilidad fáctica de realizar mantenimiento preventivo a las 160.000 luminarias de la capital con recursos humanos y materiales nulos.
La investigación judicial determinó la existencia de graves omisiones funcionales en el control del alumbrado público. Tras el suceso, el intendente de Córdoba dispuso el cierre de muchas plazas para mejorar su seguridad eléctrica. El tribunal deberá dictar sentencia en los próximos días.
