La jueza María Victoria Jalil Manfroni, titular de la Unidad de Jueces N°2, rompió el silencio luego del doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta en Córdoba. La magistrada brindó detalles sobre las acciones judiciales ejecutadas en el marco de la denuncia iniciada por Luna Giardina.
En este sentido, la funcionaria explicó que se efectuó “todo lo posible desde el Juzgado de Violencia Familiar” para amparar a la víctima. La causa se refería a una denuncia por violencia, y la labor de la jueza era dictar medidas de protección, no detener a nadie.
Habló la jueza que le dio el botón antipánico a Luna Giardina
El tribunal dictó órdenes de restricción de acercamiento desde el primer día de la denuncia, renovadas sistemáticamente. Además, se proveyó el dispositivo de alerta desde el momento inicial. Sin embargo, el monitor electrónico nunca se pudo aplicar a Laurta. La razón principal: el victimario no tenía domicilio constituido en Córdoba, ya que su residencia real se encontraba en Uruguay.
Se dispuso una búsqueda de paradero con el objetivo de que la Policía lo trasladara al polo tecnológico, algo que jamás sucedió, dado que el acusado no residía en Argentina. También se alertó a la Dirección de Migraciones para que se notificara el ingreso del sujeto al territorio nacional. La jueza remarcó: “Todo lo que se podía hacer desde el Juzgado de Violencia Familiar se hizo correctamente”.
La víctima mantuvo “muchos contactos” con la Unidad, siendo la última comunicación el 29 de mayo. En esa audiencia, Luna manifestó tener miedo, aunque reportó que desde febrero de 2024 no había tenido acercamiento personal con su agresor. Las peticiones de la joven, patrocinada por un abogado del Estado, siempre fueron atendidas, según la jueza. Luna relató, por ejemplo, que Laurta le había enviado mensajes por WhatsApp solicitándole viajar a Uruguay para celebrar el cumpleaños del niño, mensajes que tenían un tono amable y carecían de agresiones.
Respecto al riesgo, la titular del juzgado comunicó que existía un proceso penal paralelo que incluía una pericia psiquiátrica. Este informe concluyó que el agresor “no era una persona peligrosa”. La profesional aseguró que, según las evaluaciones, “no había indicadores para pensar que se podía presentar este desarrollo fatal”.
La jueza destacó que se libró un oficio a Migraciones para impedir que Laurta ingresara al país con armas de fuego. Esto se decidió porque Luna había denunciado que él realizaba práctica de tiro en Uruguay. A pesar de los avisos, Laurta ingresó con un arma por una frontera no autorizada, lo que derivó en el hecho trágico.
La hermana de Luna, Laura, comentó que la víctima, junto a su madre Mariel, había vivido “atemorizadas”. Ella mencionó que su familiar lo venía “padeciendo hacía tiempo” cuando cohabitaban en la nación vecina. Pablo Laurta, acusado del doble crimen y del homicidio del remisero, compareció ante la fiscal, y se conoció su frase escalofriante: “Todo fue por justicia”. La jueza Jalil Manfroni concluyó que, dentro del proceso que tuvo su intervención, “se hizo todo”
