Discapacidad en alerta: se movilizarán en Córdoba ante la falta de pagos

Prestadores, familias y profesionales de salud marcharán en todo el país ante la precarización laboral que padecen.

Discapacidad en alerta: se movilizarán en Córdoba ante la falta de pagos
Convocan a movilizaciones en Córdoba por la crítica situación que viven los discapacitados. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La comunidad de la discapacidad en Argentina hizo un llamado a un paro nacional y múltiples movilizaciones para el jueves 29. Esta medida de fuerza es una reacción directa a lo que los convocantes describen como “crueldades más aberrantes” por parte del gobierno actual. En Córdoba, las manifestaciones se replicarán en el centro de la Capital y otras localidades.

DISCAPACIDAD: SE MOVILIZARÁN EN CÓRDOBA ANTE LA FALTA DE PAGOS

Los reclamos apuntan a la falta de pagos a los prestadores de servicios, una situación que se agrava con demoras que oscilan entre los 60 y 120 días. Esto se suma a un recorte de pensiones no contributivas que dejó a miles de personas vulnerables sin cobertura de obra social ni prestaciones médicas esenciales.

La extrema precarización laboral que sufren los trabajadores del sector también es un punto crítico. La provincia de Córdoba no escapa a este panorama, con Apross presentando importantes retrasos, registrándose casos donde no se abonó algo en todo 2025.

La situación es descrita como límite tanto para quienes brindan los servicios como para las familias que dependen de ellos. Los montos de las prestaciones no se actualizan desde 2024 a pesar de la inflación. Ante este contexto, el proyecto de Ley de Emergencia impulsado por el diputado Daniel Arroyo busca declarar la Emergencia Nacional frente al desfinanciamiento sostenido y el recorte de más de 200.000 pensiones.

Propone un presupuesto que permita actualizar las retribuciones a prestadores y dignificar el pago de trabajadores en talleres protegidos, cuyo haber de 28.000 pesos mensuales no cambia desde febrero de 2023. También exige mayor eficiencia en auditorías y aprobación de pensiones, un trámite con solo 586 aprobaciones sobre 500.000 solicitudes en 14 meses.