Finalmente el presidente Alberto Fernández decretó la intervención de la obra social del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba por 180 días.
El juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, le había solicitado al Ministerio de Salud de la Nación la medida por la causa en la que se investiga a Mauricio Saillén y Pascual Catrambone entre otros, por supuesta defraudación por administración fraudulenta.
Se designó a Jorge Antonio Remigio como interventor. Deberá entregar un informe mensual de su gestión tendiente a la normalización de la obra social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.
La medida dispuesta por el presidente y firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, fue publicada en el Boletín Oficial y la cartera de salud puede prorrogar esos 180 días (seis meses).
