El viernes 3 de noviembre de 1995, a las 8.55 de la mañana, la localidad cordobesa de Río Tercero fue sacudida por una serie de detonaciones. Tres explosiones sucesivas desencadenaron una tragedia que causó siete muertes y dejó a más de 300 heridos.
Las primeras dos detonaciones ocurrieron en la planta de descarga, mientras que el tercer estallido, de gran magnitud, se produjo en el depósito de expedición y suministros. Como resultado, miles de proyectiles que estaban almacenados en los polvorines se esparcieron por distintos puntos de la ciudad, afectando seriamente barrios como Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino.
La onda expansiva resquebrajó viviendas, arrancó techos y dejó el área urbana cubierta de esquirlas, escombros y municiones de guerra. Quienes presenciaron el evento describieron la situación como de pánico y terror. La población sufrió muchos síntomas físicos y mentales, un padecimiento característico de situaciones bélicas.
A 30 años de las explosiones en Río Tercero: la investigación
La investigación judicial se extendió durante 16 años (1995 a 2011). Inicialmente, el entonces presidente Carlos Saúl Menem se presentó en Río Tercero a las 17 del mismo día y afirmó ante la prensa que el hecho se debía a un “accidente,” instruyendo a los periodistas para que difundieran esa versión y descartaran la posibilidad de un atentado. Esta “teoría” predominó durante varios años en la instrucción y en los medios de comunicación.
Sin embargo, la Justicia concluyó más tarde que la voladura fue un hecho intencional o doloso. Pericias químicas determinaron que el material explosivo utilizado, Trotyl, necesita un detonador y un reforzador para estallar, no solo la acción del fuego. El estrago, además, fue ejecutado por personas con conocimientos en explosivos que ingresaron a las instalaciones la noche anterior para preparar los elementos iniciadores.
El móvil del suceso, según se estableció judicialmente, fue encubrir un faltante de material bélico que se había traficado ilegalmente a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Una pericia contable corroboró que en la Fábrica Militar de Río Tercero había una diferencia entre el registro y lo almacenado, faltando entre 23.405 y 49.000 municiones. La direccionalidad de las explosiones fue otro indicio de la intencionalidad, ya que las ondas expansivas fueron dirigidas hacia el sudeste, un sector donde el personal no trabajaba en ese momento debido a que se encontraban cobrando sus salarios en el oeste de las instalaciones.
La condena y el pedido de justicia por parte de las víctimas
El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba dictó sentencia en 2014, condenando a cuatro altos directivos, todos militares retirados e ingenieros por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas. Los condenados recibieron penas de 13 y 10 años de prisión. La Corte Suprema ratificó las condenas posteriormente. En cambio, el expresidente Menem, quien había sido procesado como responsable de este crimen, debía enfrentar un juicio oral en febrero de 2021. No obstante, el exmandatario falleció 10 días antes de la audiencia a los 90 años, lo que extinguió la acción penal que se seguía en su contra.
A tres décadas del atentado, la justicia es percibida por la ciudadanía como “incompleta”. Los afectados, representados por figuras como Ana Elba Coca Gritti (esposa de una de las víctimas mortales) y el abogado Horacio Viqueira, han luchado incansablemente por el reconocimiento de los hechos y la verdad.
Aunque se sancionó la Ley 27.179 en 2015 para establecer indemnizaciones, muchos damnificados aún aguardan la implementación y el pago correspondiente. Reportes recientes señalaban que, de 8.000 reclamos, solo 196 se habían liquidado. La legisladora Gabriela Brouwer de Koning, testigo de la tragedia, mencionó que la ciudad siempre solicitó una reparación por parte del Estado nacional. Los habitantes de Río Tercero buscan “construir memoria sin olvidar”. La ciudad se define como una comunidad resiliente y con mucha fuerza, que busca enseñar que la corrupción implica “muerte y destrucción”.
