La Fundación para la Defensa del Ambiente de Córdoba (Funam) presentó este miércoles, en la Legislatura provincial, un anteproyecto de ley para que se prohíba el ingreso de residuos peligrosos provenientes de distintos puntos del país, al sostener que "implican riesgos sanitarios y ambientales difíciles de controlar y neutralizar en casos de derrame, vuelco o fuga" de las empresas que realizan sus tratamientos.
El titular de la Funam, Raúl Montenegro, precisó que el texto ingresó hoy a la Legislatura provincial y advirtió que "Córdoba está en serio riesgo ambiental", al afirmar que la provincia "recibe cada año más de 32.000 toneladas de residuos peligrosos, en su mayoría enviados desde empresas mineras, industrias químicas y yacimientos petrolíferos de otras provincias".
Asimismo detalló que Córdoba es una de las cinco provincias argentinas que reciben residuos peligrosos de otras jurisdicciones, junto a Mendoza, Santa Fe, Chaco y Corrientes, mientras que el resto de los distritos no lo permiten porque "conocen del enorme riesgo ambiental que representan".
Sostuvo que "las empresas hacen grandes negocios" con el depósito, procesamiento o la quema de los residuos peligrosos, y que "lo hacen violando las leyes ambientales", como el caso de la empresa Taym que, luego de las recientes inundaciones, fue "denunciada por haber colapsado y contaminado el canal de agua de Los Molinos" que consumen las familias del sur de la ciudad de Córdoba.
"Las otras provincias se sacan de encima sus peores residuos y nos lo mandan a nosotros en Córdoba", fundamentó en el anteproyecto el biólogo ambientalista.
Del total de residuos peligrosos manejados en Córdoba, en su mayoría originados en otras partes del país, unas 16.000 toneladas por año son incineradas en el horno cementero de la empresa Geocycle-Holcim en Malagueño y unas 12.000 toneladas son guardadas en las fosas de la empresa Taym, al sur de la ciudad de Córdoba, y que las restantes 4.000 toneladas son recibidas, entre otras, por las empresas Baterías Elpreas, FACSA, Reciclar y Forbat, afirmó Montenegro.
En el anteproyecto el ambientalista sostiene que "prohibir el ingreso de residuos peligrosos procedentes de otras provincias no es una solución definitiva para los riesgos planteados por la mala gestión de las plantas actualmente en funcionamiento, como Geocycle y Taym, pero los disminuye drásticamente", remarcó y añadió que "urge revisar el funcionamiento de todas las procesadoras de residuos peligrosos antes de que ocurra alguna tragedia".
Entre los principales puntos, la iniciativa prohíbe el ingreso a la provincia de Córdoba de los residuos peligrosos que procedan de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y alcanza a los residuos peligrosos que tengan como destino final plantas de almacenamiento y tratamiento, ya sea químico, por incineración u otros asimilables enmarcados en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
