El fiscal federal Maximiliano Hairabedián solicitó este miércoles sentencia condenatoria para 13 de los 19 imputados en el marco del décimo juicio que se realiza en Córdoba por crímenes de lesa humanidad, cometidos contra 61 víctimas en centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia entre febrero de 1975 y mayo de 1978.
Hairabedián solicitó, también lo había pedido el martes la parte querellante, al Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba (TOF 1) que se imponga la pena de "prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua" para Jorge Navarro González, teniente coronel retirado que se desempeñaba en la IV Brigada Aerotransportada del Ejército en Córdoba, al momento de los hechos que se juzgan, al ser considerado autor responsable de los delitos de "privación ilegítima de la libertad reiterada, imposición de tormentos agravados reiterados y homicidio calificado reiterado".
Asimismo el fiscal, en su extensa exposición, solicitó que sean condenados a 17 años de prisión Héctor Hugo Lorenzo Chilo; 14 años, para Rubén Osvaldo Brocos; 12 años, para Héctor Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro; 11 años, para Alberto Luis Choux; 10 años, para Calixto Luis Flores, Mirta Graciela Antón y Enrique Alfredo Maffei; 9 años, para Luis Gustavo Diedrichs y Carlos Alberto Díaz; 6 años, para José Luis Yañez, y 3 años, para Jorge Ezequiel Acosta.
En tanto, Hairabedián entendió que deben ser absueltos Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina, Eduardo Grandi, José Andrés Tófalo, Ricardo Lardone y Oreste Valentín Padován.
Los alegatos continuarán el 20 y 21 de este mes y el 3, 4 y 16 de abril próximo con las defensas, mientras que el 17 de abril podrán ejercer el derecho a últimas palabras los imputados antes del veredicto de los jueces federales Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga, con José Camilo Uriburu como sustituto, informaron fuentes judiciales.
El proceso de enjuiciamiento, que comprende las causas caratuladas "González Navarro y otros" y "Vergez Héctor Pedro y otros", había comenzado el 21 de noviembre de 2017 con 21 imputados, y el debate oral llegó a la fase de alegatos con 19 por el fallecimiento el pasado 27 de febrero del genocida Luciano Benjamín Menéndez, que era el principal acusado, y con el apartamiento por razones de salud de Reginaldo Castro.
Los hechos que se juzgan fueron cometidos en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio conocidos como D2 y Campo La Ribera.
Entre otras imputaciones, los acusados responden por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio, abuso deshonesto y violación agravada.
