El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba escuchará el próximo martes la última palabra de los imputados y la sentencia en el juicio que se le sigue a cuatro ex funcionarios federales acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la provincia durante la última dictadura militar.
Tras escuchar las réplicas y las dúplicas de las partes involucradas en el proceso, el tribunal resolvió fijar para el martes 7 a las 9,30 la fecha para la audiencia en la que se escuchará la última palabra de los imputados y el veredicto, en la denominada "Causa de los Magistrados".
El proceso judicial que comenzó el 25 de julio último, tiene como imputados al ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez; el ex juez Federal, Miguel Ángel Puga; el ex fiscal Federal, Antonio Cornejo, y el ex defensor oficial Federal, Ricardo Haro.
Los alegatos comenzaron el 18 de setiembre con las exposiciones de las querellas, quienes solicitaron cinco año de prisión para Otero Álvarez; y tres años de prisión para Puga y Cornejo.
En tanto el 3 de octubre los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta solicitaron penas de siete años para Otero Álvarez; cinco años para Cornejo y Puga; y dos años para Haro.
En esta causa "Cornejo, Antonio Sebastián y otros" el debate oral y público está a cargo de los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, donde se investigan cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y de otros delitos.
Son más de 70 las víctimas que, en calidad de prisioneros políticos, pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D-2), de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20.840) de la dictadura. De acuerdo a los elementos que constan en el auto de elevación a juicio, los ex funcionarios judiciales federales de Córdoba están acusados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.
Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios judiciales nunca promovieron la investigación de esos delitos.
