Desde una celda de la cárcel de Bouwer, Horacio Di Leo, Marcos Soto, Alejandro Agüero y Marcelo Bustamente montaron una financiera trucha, que perjudicó a decenas de personas que les transfirieron electrónicamente dinero (a través de cajeros automáticos) a sus supuestos 11 cómplices. Los 15 serán sentados en el banquillo de los acusados, y juzgados por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas.
La fiscal Valeria Rissi completó la investigación penal y elevó la causa a juicio. La clave de la presunta maniobra delictiva fue la “ingeniería social” que desplegaron para obtener información confidencial de las futuras víctimas sin necesidad de hackear sus computadoras. La fiscal sostiene que Di Leo era el jefe de la organización, y que bajo su mando estaban Soto, Agüero y Bustamante, los cuatro presos en Bouwer.
Las otras 11 personas habrían operado desde “afuera”: algunos publicaban avisos clasificados ofreciendo créditos para personas que no podían acceder al sistema bancario por encontrarse en el Veraz. El aviso incluía números de contacto de la supuesta financiera.
Di Leo es bonaerense, y estaba en la cárcel de Bouwer desde marzo de 2015. Allí conoció tres reos cordobeses con quienes habrían ejecutado la estafa. Los 15 son familiares o amigos entre sí. De los imputados, seis están con prisión domiciliaria (entre ellos la pareja de Di Leo), dos esperarán el juicio en libertad y hay una prófuga. El resto está en Bouwer.
Aunque la limosna de un crédito sin requisitos era grande, varios no desconfiaron y llamaron. Una vez que quedaron enredados en el teléfono, dieron sus datos personales. Número de DNI, dirección, lugar de trabajo, monto del sueldo, entre otra información sensible, caían en manos de los presuntos delincuentes. Luego, con una conversación telefónica convincente, los delincuentes hacían que las víctimas vaciaran sus cuentas bancarias.
En algunos casos, incluso, hacían que las víctimas solicitaran un crédito a través del cajero automático y luego les transfirieran la totalidad del dinero. La maniobra fue detectada en julio de 2016, cuando Di Leo y sus presuntos cómplices estaban alojados en Bouwer. En el caso de Di Leo, estaba detenido desde mediados de marzo de 2015 por haber cometido el mismo delito (estafar a clientes del sistema bancario). Esta causa de 2015 se sigue investigando.
En sus fundamentos para elevar la causa a juicio, la fiscal Rissi sostiene que la banda, "aprovechándose del desconocimiento que el común de las personas tienen de ciertas operaciones –bancarias– electrónicas (…), guiaron a las víctimas para que hicieran una transferencia hacia la cuenta de algún otro miembro de la organización delictiva".
También se detectaron casos en que los presuntos estafadores obtuvieron de sus víctimas números de tarjetas de crédito y así realizaron compras por internet o pagos telefónicos. Este juicio tiene a cinco víctimas, con una estafa global por 92.700 pesos, confirmó a Día a Día la fiscal del caso.
Pero la investigación sigue, en procura de detectar nuevos hechos. “La diferencia con la causa anterior en la que es investigado Di Leo es que en aquella quien entraba a los homebanking de las víctimas era el propio Di Leo; mientras que en el caso que va a juicio, las víctimas eran quienes transferían el dinero a los allegados de Di Leo, luego de ser orientados telefónicamente”, dijo la fiscal.
