El ex intendente Sebastián Balochi y los ex funcionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz, fueron imputados en nueva causa judicial como presuntos autores del delito de administración fraudulenta. En esta oportunidad, la denuncia corresponde a la compra de palmas para alumbrado público, que debían ser colocadas en la Avenida 2 de abril.
La operación se habría realizado mediante una contratación directa, y para la Fiscalía, no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para este tipo de compras. El Ministerio Publico Fiscal, obtuvo un plazo de seis meses para culminar las tareas investigativas.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrolló una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino.
La Fiscalía estuvo representada por el fiscal Herminio Gonzales Meneses. Los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur.
Los hechos investigados son los ocurridos entre los meses de junio y agosto del 2015, cuando mediante Resolución N° 528/15, el Intendente municipal Sebastián Ángel Balochi junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Rubén Alberto Camarda y el Secretario de Hacienda, Daniel Miguens deciden adquirir- mediante concurso privado de precios- 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos.
Estos elementos debían ser destinados a la iluminación de la Avenida 2 de abril. Asimismo, los investigadores aseguran que estas columnas, eran diferentes a las que utiliza la prestadora de servicio de alumbrado público.
En este sentido, afirmaron que las palmas adquiridas por el gobierno municipal del periodo 2011-2015, no resultan útiles para la zona, por su escasa resistencia a los fuertes vientos. También fueron consideradas de baja calidad por el grosor del material y la baja estatura de las mismas.
Con respecto al procedimiento de compra, Meneses afirmo que el mismo resultó violatorio, de las normativas existentes en la materia, por cuanto el Concejo Deliberante, no efectuó la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.
Luego de un cuarto intermedio, Nomarino, resolvió no hacer lugar a las postulaciones de los abogados defensores. Así las cosas, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra los ex funcionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Publico Fisca, fijando el plazo de seis meses para que se terminen las tareas investigativas.
