La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de personal de la División Delitos Contra la Salud y Seguridad Personal de la Superintendencia de Investigaciones, logró desbaratar una práctica ilegal donde una madre y su hija comercializaban certificados médicos apócrifos. También estaba involucrada una tercera persona.
La comercialización de los mismos los realizaban a través de las redes sociales, y por un valor de $10 mil.
La investigación llevada a cabo logró detectar estos certificados truchos y las constacias laborales falsas ofrecidas.
Por tales motivos, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 5, que tiene en su cargo a la doctora Claudia Alvarado y la Secretaría 7 del doctor Matías Bessi, determinaron los allanamientos, tres en total, a partir del requerimiento de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 30. A partir de ellos, se secuestraron teléfonos celulares, sellos y otros instrumentos de interés para la causa.
El trabajo policial para investigar la causa
Previo a los allanamientos, los efectivos policiales habían detectado en redes sociales, y a través de un perfil de fantasía, la oferta de estos certificados médicos falsificados, junto con aptos físicos y constancias laborales. El usuario de las redes sociales era utilizado por una persona que no pertenece al personal de salud.
Al mismo tiempo, la Policía se puso en contacto con una médica que aparecía en los certificados, con su firma y sello. La profesional constató que sus datos eran propios, pero que jamás había emitido esas constancias.
De esta manera se logró desenmarañar la red de corrupción que estaba detrás de las constancias, y se llegó a la madre y la hija que las llevaban a cabo. Una tercera persona era la encargada de recibir los pagos.
El primer allanamiento se perpetuó en la calle Molina al 1600, del barrio de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires. Allí se demoró a la principal sospechosa.
El siguiente fue en la calle Pieres al 500, del barrio de Liniers. Los efectivos dieron con la otra investigada en la causa.
Finalmente, el tercer allanamiento fue en la calle Santa Juana de Arco al 3900, propia de la localidad bonaerense de Ciudadela.
Los tres implicados quedaron imputados por la infracción a los Artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal. Por el operativo participaron personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).
