La Legislatura porteña aprobó este jueves una prórroga de cinco años a la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria dictada sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo, cuya jurisdicción la Ciudad comparte con municipios bonaerenses y con la Provincia.
"Estamos haciendo esta votación para cumplir con el fallo Mendoza y para seguir acompañando los avances que llegan, por ejemplo en el paseo ribereño, al 91 por ciento. Esperamos que sea la última vez que se vote esta prórroga", explicó la legisladora Mercedes de las Casas (Vamos Juntos) sobre el proyecto que consiguió 36 votos positivos y 11 abstenciones.
Si bien se trató de una votación sin discursos, la diputada Laura Marrone (Izquierda Socialista) pidió la palabra para señalar que su abstención se debió a la carencia de un informe que otorgue datos certeros sobre la situación del Riachuelo.
Unidad Ciudadana acompañó la prórroga con críticas a la política ambiental del gobierno de la Ciudad, dado que, según la diputada Victoria Montenegro: "Vimos cómo cambia la Ciudad con los viaductos que celebramos, pero si le hubieran puesto la misma energía al medioambiente que distinta sería la Ciudad".
Como punto destacado, el proyecto modificó el artículo 7° de la Ley 3947, que obliga a realizar cada abril una "Reunión Pública Especial en la Legislatura" en la que el Poder Ejecutivo de la Ciudad deberá informar sobre los resultados alcanzados en la materia.
La fecha elegida suspende, por única vez, la reunión fijada para octubre pero, según fuentes parlamentarias, así se busca que el "corte del informe coincida con el año presupuestario".
Para que esa reunión sea más fructífera, se dispone que, con 30 días de antelación, se publique "un cuadro sintético de los avances obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada".
Entre otras cosas, se tendrá que informar sobre el total de empresas industriales empadronadas, cuántas fueron declarados agentes contaminantes, cuántas están en proceso de reconversión tecnológica y su grado de avance.
Además, cuál es el estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y sumas desembolsadas
