La Cámara Federal declaró admisible el recurso de apelación y revocó la resolución que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti, motivos por los cuales la Justicia vuelve a investigar la causa del vacunatorio VIP que había sido archivada.
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Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens firmaron la resolución que ordenó reabrir el caso y continuar con la investigación de un listado de 65 personas que se habían vacunado de manera irregular a comienzos de este año, según determinó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA),
Al hacerle lugar al planteo del fiscal Sergio Rodríguez, de la PIA, los camaristas ordenaron que se vuelvan a investigar a todas las personas que recibieron la inmunización contra el coronavirus de manera irregular.
Entre los apuntados aparece el periodista Horacio Verbitsky, quien reveló la maniobra que le terminaría costando el puesto como ministro de Salud a Ginés González García.
La jueza Capuchetti sostuvo que, en el momento en el que ocurrieron los hechos, la ley diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación figuraban como receptoras de la vacuna dentro del grupo de los “prioritarios”.
El criterio en el que se basó la jueza fue que ese grupo estaba integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea.
Si bien la jueza Capuchetti no había cerrado totalmente la investigación, dado que siguió analizando la situación de cinco casos en particular, ahora los jueces de la Cámara Federal le ordenaron que, tal como reclamó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), avance con la pesquisa sobre los 70 casos.
”¿Por qué ellos (en relación a los 70 vacunados), y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”, subrayaron los jueces.
El listado de 70 personas, facilitado por el propio Gobierno Nacional, incluía casos obvios en los que el tribunal de apelaciones no reparó, como el del presidente Alberto Fernández; y otros sobre los cuales se podrán buscar explicaciones, como el del exmandatario, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.
”Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, sostuvieron los jueces en el fallo al que accedió la agencia Télam.
El fallo de la Cámara Federal que ordena la reapertura de la causa
El encándalo del “vacunatorio VIP”
El escándalo del “vacunación VIP” se desató en febrero pasado cuando el periodista y escritor Horacio Verbitsky dio a conocer en un programa de radio que se había vacunado dentro de la sede del Ministerio de Salud tras hablar con su “amigo” Ginés González García, hasta entonces titular de la cartera sanitaria.
Luego se conoció que, además de Verbitsky, hubo políticos, sindicalistas, empresarios y otros allegados al oficialismo que también recibieron la vacuna presuntamente en condiciones de privilegio, ya que en esos momentos la inoculación era aún para personal prioritario, como los profesionales de la salud.
El escándalo generó una lluvia de denuncias judiciales contra funcionarios responsables y beneficiarios de esta presunta vacunación irregular y obligó al presidente Alberto Fernández a sustituir a González García por Carla Vizzotti al frente del Ministerio de Salud.
Monastersky resaltó que la Cámara Federal hizo lugar a sus argumentos al entender que “hubo hechos que se presumen como delitos” de “abuso de poder” y de “falsedad ideológica”, esto es, el “introducir datos falsos en un documento público” para “alterar el orden de los vacunados” en contra de los “ciudadanos comunes”.
