El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aumentará la ayuda alimentaria en el país ante la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus. El nuevo mandatario demócrata tomará esta iniciativa a la espera de que el Congreso vote el gigantesco plan de emergencia para la economía de 1,9 billones de dólares presentado la semana pasada.
Se trata de dos decretos: el primero para incrementar la ayuda alimentaria a los millones de desempleados y a los que se acumulan en los bancos de alimentos, y el segundo para fortalecer los derechos sociales de los trabajadores federales.
Dos días después de su toma de posesión, Biden continúa enumerando sus prioridades con decisiones presidenciales. En tres días, habrá firmado casi una treintena de decretos.
“Casi 30 millones de estadounidenses sufren por no tener suficiente para comer”, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa. Y agregó: “Esto incluye a uno de cada cinco adultos negros y latinos, según la encuesta más reciente”.
Además, se estima que alrededor de 12 millones de niños tampoco tienen suficiente para comer. A esto se le suma que las colas para los comedores populares aumentaron y que los bancos de alimentos están abrumados, incluso en los barrios acomodados de Washington.
Biden va a pedir al Departamento de Agricultura que amplíe y relaje su programa para personas y familias de bajos ingresos y sin ingresos, conocido como SNAP. También quiere aumentar en un 15% la cantidad de dinero que el gobierno deposita en las tarjetas electrónicas EBT (Electronic Benefit Transfer) “para reflejar correctamente el costo de las comidas perdidas” debido al cierre de escuelas.
La administración de Biden quiere asegurarse también de que las ayudas directas ya aprobadas por el Congreso lleguen a las familias que más las necesitan. Es que, según el Consejo Económico Nacional, “muchos estadounidenses tuvieron problemas para recibir la primera ronda de pagos directos y hasta ocho millones de hogares elegibles no recibieron los pagos”.
El segundo decreto está pensado para mejorar los derechos sociales de los empleados federales.
En ese sentido, Biden quiere emitir una orden ejecutiva “dentro de los primeros 100 días” de su mandato por la que se requiera a los contratistas privados que paguen, como mínimo, 15 dólares la hora y garanticen a sus trabajadores una “licencia de emergencia pagada”.
Cerca de 18 millones de estadounidenses viven de las prestaciones por desempleo. Este subsidio se prorrogó hasta finales de septiembre, así como la posibilidad de tomarse una baja por enfermedad remunerada en caso de contagio de Covid-19.
El desempleo se situó en diciembre en el 6,7%, muy lejos del 3,5% de hace un año, antes del estallido de la pandemia.
