Este lunes, mediante un decreto que actualiza la Directiva de Política de Defensa Nacional, el Gobierno de Alberto Fernández volvió a condenar el bloqueo al régimen de Nicolás Maduro, en medio de un clima de tensión por las detenciones de dirigentes opositores por parte del régimen chavista.
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El Ejecutivo, a través del DNU 457/2021 publicado este lunes en el Boletín Oficial, sostiene que la crisis en Venezuela se “exacerbó” por la pandemia de coronavirus y justificó su salida del Grupo de Lima.
El DNU 457/2021 cuenta con las firmas de Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.
“En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la República Argentina, comprometida con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, sigue con preocupación la crisis política, económica y humanitaria, exacerbada por la pandemia del COVID-19, a la vez que condena los bloqueos físicos y financieros que agravan aún más el sufrimiento del pueblo venezolano“, indica el decreto.
En este marco, solicita a la comunidad internacional “colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes y en la búsqueda de una salida política en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes”.
La postura del Estado fue publicada en un anexo de 39 páginas y se publicó días después de que el Presidente Alberto Fernández condenara los bloqueos a Venezuela y Cuba, mientras se producían protestas y detenciones a manifestantes en la isla.
El decreto justifica también la salida del Grupo de Lima por parte de la Argentina, lo que diferencia a la actual gestión de Gobierno con la anterior gestión de Cambiemos.
“La República Argentina se integró al ‘Grupo Internacional de Contacto’ (GIC) y decidió retirarse formalmente del ‘Grupo de Lima’, atento que las acciones que este último ha venido impulsando en el plano regional e internacional han sido contraproducentes a la hora de buscar una salida consensuada con todos los actores relevantes de la política local“, puntualizó el texto.
En esta línea, en el texto el Estado consideró que las elecciones regionales en Venezuela “se presentan como una oportunidad para comenzar a trabajar con una estrategia que vertebre desde abajo hacia arriba un sistema político afectado por la apatía que produjeron en el electorado y la sociedad civil las estrategias de boicot, vaciamiento e instrumentalización por parte de oposición y oficialismo“.
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Chile condenó la persecución política en Venezuela
Luego de que Chile decidiera darle asilo en su embajada al dirigente opositor Emilio Graterón, señalado por el gobierno de Maduro como uno de los “promotores de la violencia”. El ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se informó en un comunicado que Graterón fue “acogido en calidad de huésped en la Residencia de la Embajada de Chile en Venezuela”.
“La decisión del Gobierno de Chile obedece a una solicitud del líder de la oposición Juan Guaidó y tiene por objeto brindar protección a esta persona, quien sufre persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro”, manifiesta el escrito.
Asimismo, considera que “es inaceptable la existencia de presos políticos en Venezuela y que la detención arbitraria del diputado Freddy Guevara, constituyen hechos que atentan contra normas básicas de los derechos humanos, el respeto de las garantías individuales y la generación de confianzas para avanzar en una transición plena hacia la democracia en ese país“, indicó el gobierno chileno.
