El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el ahora ex ministro de Salud Ginés González García, el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky y otro eventuales involucrados por el escándalo del circuito paralelo de vacunación contra el Covid-19 montado en el Ministerio de Salud.
La denuncia que envió a la Cámara Federal será sorteada el próximo lunes. Marijuan reclamó una serie de medidas de prueba como así también que las provincias informen a quiénes están suministrando la Sputnik V como “personal esencial”.
“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, advirtió en uno de los considerando del texto.
Además, el fiscal advirtió que el episodio que confesó Verbitsky sobre el llamado a su “viejo amigo Ginés” para ser vacunado implica “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.
“Por medio de la presente vengo a formular la denuncia penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y siguientes del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación), para que se investiguen los hechos que han tomado estado público, a partir de publicaciones en medios periodísticos, que dan cuenta que personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra el coronavirus en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran siendo vacunadas”, comenzó explicando Marijuan en el escrito.
De esta manera, el fiscal solicitó que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido” González García y Verbitsky, “sin perjuicio” de que posteriormente se pueda “identificar a otras personas” que también estuvieran involucradas en este hecho.
En la denuncia, resaltó que el propio Gobierno “fijó como objetivo vacunar al 100% de la población teniendo en cuenta criterios científicos y éticos, y la disponibilidad progresiva de dosis”.
En este sentido, recordó que se estableció “un orden de prioridades” para la inmunización, que consistió en una campaña “por etapas y de carácter voluntario, equitativo e igualitario, habiéndose otorgado prioridad al personal de salud”.
También remarcó que se encuentra “recién en su etapa inicial la vacunación de las personas mayores de 70 años de edad en la provincia de Buenos Aires y de 80 años en esta ciudad, previa inscripción y registro para la obtención del turno correspondiente”.
Por esta razón, el fiscal señaló que, “aún frente a ese panorama”, se va “conociendo que determinadas personas vinculadas con actividades políticas y/o relacionadas directamente con algunos funcionarios, obtienen la posibilidad de ser vacunados, cuando no están dentro de la normativa” vigente.
Sobre el final, Marijuan aseguró que lo que se está investigando “se trata de una bajeza tal en personas con un cargo político y funcional trascendente” que le hace recordar a “los peores momentos de la Argentina”. En este punto, hizo una comparación con lo que sucedió en 2001 con el Plan de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, “que era una ayuda económica para personas en estado de suma pobreza y decenas de miles de planes quedaron en manos de punteros políticos”.
El fiscal consideró que este nuevo hecho que se conoció en las últimas horas “fue una clara manipulación” por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo “responsables de la aplicación de la vacuna”, por lo que sostuvo que el accionar descripto “constituye el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
De acuerdo con esa ley, se “reprime con pena de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo” al funcionario “que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
