El Gobierno de Mauricio Macri aprobó este jueves la implementación para el período 2019-2023 de un Plan Nacional Anticorrupción que consta de más de 250 iniciativas transversales y sectoriales, con la finalidad de consolidar y profundizar el camino de la transparencia en la Administración Pública.
Lo hizo a través del Decreto 258/2019 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
La gestión del presidente Macri puso en marcha esta iniciativa pensando ya en un segundo mandato. El propio Peña dijo el miércoles en la Cámara de Diputados que Cambiemos no piensa en "irse" el 10 de diciembre, dado que -consideró- "los argentinos no van a querer volver atrás".
Entre los considerandos, la normativa destaca que “la lucha contra la corrupción y el respeto por la ética republicana y la transparencia deparan indudables beneficios de toda índole para la Nación”.
Añade, además, que esos beneficios “generan el prestigio, la confianza y la previsibilidad que nuestro país requiere para comenzar un verdadero y sostenible desarrollo económico y social”.
Subraya que al ser la corrupción en la Administración Pública Nacional “un fenómeno complejo”, debe ser abordado “de modo amplio mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas tanto preventivas como punitivas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos” en su momento por el país.
Tras puntualizar que la lucha contra la corrupción "es un eje prioritario de las políticas del Poder Ejecutivo", señala que el plan se elaboró para dar cuenta de los avances realizados en estos últimos 3 años y para planificar los próximos 5.
Las 250 iniciativas del plan 2019-2023 apuntan a consolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas.
El texto resolutivo del decreto instruyó a la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso a crear un Consejo Asesor con carácter “ad-honorem” para el seguimiento de la implementación de las iniciativas incorporadas a este plan.
La OA podrá convocar para integrar ese Consejo a organizaciones de la sociedad civil, al sector privado y a expertos con reconocida trayectoria y prestigio en transparencia y lucha contra la corrupción.
Además se invitó al Congreso Nacional y al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al Consejo de la Magistratura a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, normas de carácter similar a la presente medida.
Asimismo, el Gobierno nacional instó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de carácter similar en sus respectivas jurisdicciones.
