La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) demandó ante la Justicia al Gobierno de Mauricio Macri por haber cerrado en 2018 el sumario administrativo contra funcionarios que aceptaron la oferta del Correo Argentino, por una multimillonaria deuda con un aparente daño al patrimonio del Estado.
La denuncia contra la Presidencia de la Nación fue interpuesta ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
La denuncia de Rodríguez quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del magistrado subrogante Pablo Gabriel Cayssials.
Según informó la PIA, la denuncia también alcanza a la Procuración del Tesoro de la Nación, que lidera Bernardo Saravia Frías.
El objetivo central de esta presentación es lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los agentes del entonces ministerio de Comunicaciones, que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma Correo Argentino SA y todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa.
El funcionario que representó al Estado en el acuerdo con Socma, controladora del Correo y propiedad del ahora fallecido Franco Macri, fue el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Morocoa.
Este funcionario estaba bajo las órdenes del entonces ministro de Comunicaciones, el radical cordobés Oscar Aguad. Ambos habían sido investigados durante casi dos años por haber presuntamente beneficiado a la empresa de Franco Macri en desmedro de los intereses del Estado.
Pero el 16 de octubre de 2018, el Gobierno clausuró definitivamente el sumario administrativo y disciplinario que se había iniciado para investigar si existieron irregularidades en la negociación que protagonizaron los funcionarios de Cambiemos y Correo Argentino SA en 2016.
Un decreto firmado ese día por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio por agotada la pesquisa administrativa relacionada a la aceptación de la oferta que en 2016 había hecho la empresa controlada por la familia del Presidente, en el marco del concurso preventivo.
El presidente Mauricio Macri, por su relación de parentesco con los controlantes de Correo Argentino SA, se excusó de firmar el decreto.
Ese sumario administrativo que ahora la PIA pide sea reabierto se había iniciado como reacción al dictamen que, a principios de 2017, había elevado la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin luego de que el Gobierno aceptara la oferta de Correo Argentino SA para saldar su viejo crédito con el Estado.
Ocurre que Boquín consideró que el acuerdo (que se revirtió luego del escándalo en la prensa) hubiera sido "abusivo" y que hubiera implicado "una condonación de la deuda" por más de 4.277 millones de pesos a la familia del Presidente Macri.
Pero además la fiscal que investigó el caso advirtió por el posible conflicto de interés por la relación de Macri con los actuales accionistas del Correo Argentino SA.
Sergio Rodríguez, fiscal titular de la PIA, había exigido a la Procuración del Tesoro que efectuara una investigación por el episodio del Correo.
Rodríguez cuestionó la eventual falta de competencia de los funcionarios públicos que llevaron adelante la negociación con los representantes de Correo en la audiencia llevada a cabo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en junio de 2016.
El fiscal de la PIA pidió también que investigue una posible violación a la Ley de Ética Pública y si se produjo una inadecuada defensa de los intereses del Estado. Como la investigación fue cerrada por Michetti y Peña, ahora se exige su reapertura.
