El hallazgo del submarino ARA San Juan sorprendió a un país subsumido en debates que sólo reflejan la profundidad de la crisis y las graves dificutades que los sistemas políticos deben enfrentar en la transición de salida del populismo.
Sobre la hora final de sus tareas, la empresa estadounidense Ocean Infinity dió con los restos de la nave azotada por la tragedia hace ya un año. El presidente Mauricio Macri había ratificado horas atrás la voluntad del gobierno de no abandonar a los familiares de las víctimas.
Tras haber encontrado los restos del submarino, se abre una etapa distinta en la que los investigadores podrían aportar algunas de las certezas esperadas por las familias de los 44 marinos fallecidos.
Ese avance es consecuencia del reclamo persistente de esas familias. También del cambio de perspectiva política que el gobierno adoptó cuando se agotaron las expectativas de encontrar sobrevivientes.
A instancias del ministro de Defensa, Oscar Aguad, el oficialismo se predipuso desde entonces a asumir su destino político frente a lo irreparable de la tragedia: asumir las consecuencias, allanarse al reclamo legítimo (y en algunas ocasiones destemplado por una angustia comprensible) de quienes perdieron a sus familiares, y acompañar con medidas adecuadas el pedido de esclarecimiento y reparación.
En una primera aproximación podría analizarse también una secuencia pedagógica en lo ocurrido durante la búsqueda del ARA San Juan. Los primeros intentos fueron conducidos por una alianza de esfuerzos de la comunidad internacional. Una entente de investigadores de nacionalidades diferentes cuya solidaridad sorprendió en su momento a los argentinos.
Pero el hallazgo se produjo después. Cuando el país, agradecido por esos esfuerzos, se vio ante el imperativo de continuarlos por sus propios medios. Afrontando los costos y el desafío de evaluar y recurrir a la experiencia de quienes podían obtener resultados.
La novedad del ARA San Juan enfrentará ahora varias pruebas de ácido. Se abre una ventana para detectar si hubo fatalidades o responsabilidades. También el espacio para nuevas teorías conspirativas pergeñadas desde el celo político.
Hasta el hallazgo del submarino, en esos arrabales andaba la relación turbia entre oficialismo y oposición en un país agitado por la crisis económica.
El peronismo se unió para jaquear la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura. Cristina Fernández, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto se unieron para dejar afuera al radical Mario Negri en el organismo que evalúa a los jueces federales.
Es la segunda señal vinculada a los tribunales que proviene desde esa identidad política. La primera fue la mayoría para la inasistencia a un almuerzo con el Presidente que acordaron días atrás tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
La avanzada en el Consejo de la Magistratura fue suavizada en el peronismo en contraste con el voto dividido que favoreció la aprobación del Presupuesto. Una de cal y una de arena.
En el oficialismo entienden que no hay contraste. Sostienen que el peronismo votó siguiendo el mismo interés estratégico en los dos casos. En defensa de sus recursos territoriales y buscando preservarse de las investigaciones judiciales en curso. El peronismo, argumentan, ya abandonó el proyecto de renovación interna al estilo de los años 80, con el desplazamiento explícito de los liderazgos cuestionados.
Obtener una posición favorable en el jury de magistrados es una señal clave en momentos en que la causa emblemática -la de los cuadernos de la corrupción- soporta una ola de versiones escépticas detrás de las cuales la Casa Rosada sospecha que están varios de los empresarios que declararon como arrepentidos.
Algunas desconfianzas del oficialismo encuentran a veces justificaciones inesperadas en la oposición.
Al juez de la causa de los cuadernos, Claudio Bonadio, le dejaron un explosivo en la puerta. El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, repudió el hecho de un modo insólito: adhiriendo a la intimidación del atentado. "Esto es para que Bonadio entienda su misión", dijo el exgobernador sanjuanino.
La indolencia creciente con las expresiones de violencia política se ha transformado ya en una constante que la sociedad debería advertir en toda su trágica proyección.
La bomba en la casa de Bonadio coincidió con la detonación que se infligió una militante anarquista en el cementerio porteño de Recoleta. El país relativizó los hechos con pedantería. Como si lo primitivo y tosco de ese terrorismo de artesanos lo absolviera de su condición de problema.
La sociedad política donde esas erupciones comienzan a proliferar no es menos chapucera que sus emergentes más grotescos. No lo son los métodos de prevención del oficialismo. Ni los argumentos que esgrime la oposición para defender como víctimas a quienes eligen el camino de los victimarios.
La cercanía de la reunión del Grupo de los 20 puede distorsionar la perspectiva para entender el problema. Basta con recordar los antecedentes del caso Santiago Maldonado -y antes del fiscal Alberto Nisman y sus vinculaciones con el atentado contra la Amia- para apreciar que las manifestaciones de violencia política en Argentina no se reducen al temporal de globalifobia que se pronostica para fin de mes.
Preocupado con legítimo interés en la crisis económica que le ha impuesto al gobierno de Mauricio Macri la mancha de la inflación más alta de las últimas dos décadas, el país prefiere subestimar otras alarmas más explosivas.
¿Será como lo predijo el filósofo Thomas Hobbes? ¿Que el infierno es la verdad vista demasiado tarde?
