Los empresarios Juan Carlos De Goycoechea y Javier Sánchez Caballero fueron liberados este mediodía por el juez federal Claudio Bonadio tras acogerse a la figura del "imputado colaborador", confirmaron fuentes judiciales a este medio.
De ahora en más, los dos empresarios otorgarán al juez y al fiscal Carlos Stornelli información sensible para que avance la causa por presuntas millonarias coimas durante la gestión kirchnerista.
Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA y detenido por el escándalo de los cuadernos desde la semana pasada, pidió declarar como arrepentido y colaborador después de que pasara por los tribunales de forma espontánea su ex jefe Ángelo Calcaterra.
Calcaterra se autoimputó al asegurar que entregó dinero a funcionarios kirchneristas para las campañas electorales de 2013 y 2015 y quedó como "imputado colaborador" en la causa por presuntas coimas en la obra pública.
La estrategia del cordobés De Goycoechea fue confirmada por su abogado, Juan Araoz de Lamadrid. El letrado precisó que De Goycoechea esperaba la libertad después de que Bonadio homologó el acuerdo de "imputado colaborador".
De Goycoechea espera ser indagado esta semana por el presunto pago de coimas en el marco de contratos de obra pública, pero su abogado ya anticipó que su cliente “fue víctima de extorsión y no conformó asociación ilícita”.
"Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita, no forma parte de una asociación ilícita, fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios", manifestó Araoz de Lamadrid en declaraciones a radio La Red.
El abogado defensor aseguró que Goycochea ya aportó lo que puede aportar, básicamente que lo pagos correspondían a pretensiones que llegaban de el ex funcionario Roberto Baratta para aportes de campaña electoral.
"Si no correspondían a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían para las obras. Las sumas nunca superaron los 300 mil dólares", indicó el abogado.
En ese sentido, Araoz de Lamadrid dijo que "no hay exactitud respecto a la cantidad de pagos” y señaló que los cuadernos del chofer Oscar Centeno que motivaron la causa tiene errores de días y de montos, aunque no en los lugares que describen.
Araoz de Lamadrid explicó que Goycoechea era directivo de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitir a la empresa la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.
"No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios", expresó.
