Este semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) enviará 120.000 inducciones electrónicas a restaurantes, el sector rural, la construcción y lavaderos industriales, entre otros. El objetivo es detectar empleo ilegal en esa clase de establecimientos.
Este mecanismo se empezó a aplicar en la Capital Federal, el conurbano y las provincias, a partir de un cruzamiento de datos donde la AFIP selecciona el universo de potenciales incumplidores sobre un total de 28.000 contribuyentes de restaurantes, 26.000 de panaderías, 25.000 de las actividades rurales y 2.500 las fábricas de pastas, principalmente.
Según organismo se trata de un "conjunto de empleadores que registran la mayor informalidad laboral del mercado, con trabajadores que realizan sus tareas sin cobertura social ni médica, tanto para ellos como para sus familias".
La empresa que entra en la búsqueda de la AFIP recibe una carta electrónica y tiene 60 días para regularizar su situación o hacer un descargo. En el caso de que no haya una respuesta, el organismo envía una segunda carta electrónica de inducción. Si se repite la situación, se procede a realizar una fiscalización en el lugar. En el caso de que se compruebe que no tiene a todos sus empleados declarados, se le hace una "determinación de oficio".
"No es una intimación, pero sí se pone la lupa sobre la regulación", dijeron en la AFIP. En la inducción, advierte que ante la evasión se aplicarán multas, clausuras y la pérdida de algunos beneficios.
Además, los incumplidores quedarán expuestos en un registro que impedirá el acceso a crédito de la banca pública, subsidios y participación en licitaciones con el Estado.
