La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de la Argentina y dictaminó que la demanda por 3000 millones de dólares por la expropiación de YPF presentada por un fondo buitre deberá seguir su curso en Estados Unidos, y no ser trasladada a Buenos Aires como había reclamado el gobierno argentino.
Al Gobierno todavía le queda una instancia de apelación ante la Corte de los Estados Unidos y en la que están evaluando presentarse, según deslizaron fuentes oficiales.
La resolución complica las esperanzas de Argentina de trasladar la controversia a los tribunales locales y ponerle punto final a la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
El juicio continuará, con perspectivas muy negativas, en el tribunal que supo ocupar en su momento Thomas Griesa .
El Gobierno argentino intentará preparar una solida estrategia de defensa y están siendo analizadas medidas muy extremas. Por ejemplo, la decisión de la Procuración del Tesoro que podría llevar a un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que llevó desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York.
Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, solicitaron al juez Ariel Lijo analizar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. En su presentación, las legisladoras señalaron que se trató "de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre hizo hincapié en que no tenía nada que ver con los buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", explicó a través de un comunicado cuando se develó el juicio. Además aclaró que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías residuales.
La demanda, en los papeles, fue llevada adelante inicialmente por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi fundó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
La Argentina sostiene que fue una decisión netamente soberana y, por lo tanto, no tenía porque seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.
A fines de 2007, Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, se hizo con el 14,9% del capital accionario de YPF por 2235 millones de dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera añadió una red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó, más tarde, gran parte de la deuda con los dividendos que dio después la propia YPF.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner compensó completamente a Repsol con unos 5000 millones de dólares, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi fueron vendidas por la imposibilidad de poder pagar las deudas, entre otras, la contraída con la propia Repsol.
El proceso de quiebra fue el paso previo a la llegada de Burford al juzgado del juez Thomas Griesa, quien falleció en 2017 a los 87 años. Su lugar fue ocupado por la jueza Loretta Preska quien ya había fallado en contra de la Argentina.
Este martes tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dieron la razón a Budford en contra de las esperanzas argentinas. .
