México paga un gran costo por su alto índice de violencia

La violencia en México no sólo preocupa a sus ciudadanos. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un laboratorio de ideas mundial con sede en Sidney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya, este es un factor que influye en el crecimiento de la economía de este país. Se estableció que en 2017 costó el equivalente al 21% de su Producto Bruto Interno.

El gasto indirecto para contener, prevenir y tratar las consecuencias de la violencia representó unos 4,7 billones de pesos mexicanos (260.000 millones de dólares) en 2017. "Este monto equivale a más de ocho veces la inversión anual en salud y más de siete veces la inversión anual en educación", señaló en conferencia de prensa Carlos Juárez Cruz, director en México del centro de investigación.

La tasa de homicidio en 2017 alcanzó niveles máximos históricos: más de 29,000 víctimas, según resalta el informe de IEP y el 69% fueron homicidios cometidos con armas de fuego. El crecimiento de la violencia no sólo está relacionado con los grupos de crimen organizado y los cárteles de droga, sino que también aumentó la delincuencia común y violencia interpersonal, incluida la doméstica. "El 85 por ciento de la población en el país vive en un estado o en una región donde la paz se deterioró", afirmó Juárez y alertó que el año pasado hubo un deterioro de la paz a nivel nacional del 10,7%.

Únicamente siete de los 32 estados que componen la República mexicana lograron mejorar su nivel de paz en 2017. Yucatán se volvió a ubicar como el estado más pacífico de este país, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.

El informe señaló que México debe fortalecer su capacidad institucional para contener la violencia ya que los agentes encargados de investigar o actuar en estos casos están poco capacitados. Esto se suma a la gran desconfianza que los ciudadanos sienten ante las instituciones por la corrupción. El gobierno mexicano invierte en el sistema judicial y de seguridad sólo el 1% del PIB, un 40% menos que el promedio de los países que integran la Organizaciónpara la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).