El Gobierno avanzará el año que viene con el juicio en ausencia para los exfuncionarios iraníes acusados de haber participado en el atentado a la AMIA, que en julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas.
La iniciativa había sido presentada en abril pasado con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano, en una propuesta que incluye en el Código Penal la figura del juicio en ausencia, que de aprobarse podría aplicarse no sólo para los iraníes acusados de la bomba terrorista, sino además para otros casos resonantes de fugas o de reos que se niegan a volver al país y enfrentar a la Justicia, incluidos acusados por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzosa de personas.
"Por más que se mueran de viejos en Irán, nosotros tenemos que juzgarlos acá y cerrar una etapa de la historia argentina", le afirmaron al diario La Nación dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo con injerencia en la decisión.
En la presentación del proyecto, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que Mauricio Macri "acompaña plenamente todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la justicia" y habló de "la necesidad de seguir sosteniendo las alertas rojas de Interpol" para la captura internacional de los cinco imputados" iraníes, que fueron ratificadas en mayo pasado.
El objetivo del Gobierno es que el Congreso apruebe el proyecto en el 2018, en simultáneo con el avance en la causa por encubrimiento agravado y traición a la Patria a cargo del juez federal Claudio Bonadio, que dispuso la prisión preventiva y desafuero de Cristina Kirchner y el arresto domiciliario del excanciller Héctor Timerman. Además de los encarcelamientos del exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D'Elia, entre otros, a partir del Memorando con Irán firmado en 2013.
