A una semana de las elecciones parlamentarias, que dibujarán un nuevo mapa de la relación de fuerzas entre Gobierno y oposición, la campaña política que las precede ha hecho méritos suficientes para convertirse en una de las menos interesantes y más aburridas en varios años de democracia. Juegan para esto muchos factores, entre los que no están ausentes las expectativas previas y el desahogo posterior a la clasificación de Argentina al Mundial de Fútbol; los discursos repetitivos y cansadores de los candidatos; el poco tiempo transcurrido desde las primarias y hasta lo previsible que se anticipan los resultados.
Las encuestas de la última semana no han variado y tanto en la Casa Rosada como en la mayoría de los reductos opositores las preocupaciones pasan por cómo seguirá la historia los próximos dos años. En el peronismo se esperan con resignación los resultados para saber con cuántos porotos cuenta cada uno, y cómo se posiciona cada sector interno frente al gran debate ya abierto sobre las características y los nombres que deberá tener el proceso de unificación partidaria.
El eje de esa discusión, que promete ser apasionante para sus protagonistas, es si Cristina Kirchner será o no incluida a la hora de programar el futuro de la fuerza. Hasta ahora y a pesar de los cambios formales de imagen que ha hecho para esta campaña, ella divide aguas, provoca desencuentros y revive en muchos de sus ex compañeros rencores acumulados. Pero la historia del peronismo –y no solo del peronismo- está llena de idas y vueltas, de muertes y resurrecciones políticas.
Los votos que obtenga Cristina el domingo, aunque sea derrotada en la provincia de Buenos Aires, serán un activo determinante para su estrategia en relación al PJ. Pero las posibilidades de integrarse a la unidad partidaria aparecen hoy muy lejanas.
Una oportunidad
Tal vez el hecho institucional más importante de la semana fue el procesamiento de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lo hizo el juez federal Julián Ercolini por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por direccionar la compra de un edificio para el organismo por 44 millones de pesos y permitir que un intermediario cobrara una comisión de casi 8 millones. El caso tiene un costado judicial y otro de mucha intensidad política.
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, hasta ayer mismo, tanto el ministro de Justicia Germán Garavano, como el propio Presidente, vienen reclamando que la jefa de los fiscales nacionales renuncie por no ser imparcial debido a su declarada simpatía con el kirchnerismo. La consideran ideóloga y operadora de la agrupación Justicia Legítima en la manipulación de causas por corrupción contra la expresidenta para darle impunidad, y para impulsar denuncias contra funcionarios actuales mediante fiscales nombrados por ella de manera irregular.
Aunque Gils Carbó ha dicho que no renunciará, su final en el cargo parece tener plazo fijo y no exclusivamente por la vía judicial. Este procesamiento, que seguramente será ratificado por la Cámara Federal, sumado a la ampliación de los bloques oficialistas en el Congreso y al mayor poder que todos anticipan que tendrá el Gobierno con las próximas elecciones, permitiría avanzar con el proceso de juicio político, que sería el camino constitucional para echarla del cargo.
Ese trámite necesita del voto positivo de los dos tercios de ambas cámaras, cosa que hasta ahora el oficialismo no estaba en condiciones de lograr. Los legisladores de Cambiemos apuestan ahora a que las condiciones se modifiquen en esa dirección y no se descarta que para conseguirlo hasta podrían ofrecerle la Procuración a alguien de la oposición.
Sus Señorías
Adonde los acuerdos para firmar fallos en forma unánime parecen ser más difíciles es en la Corte Suprema de Justicia. El cuerpo ha tenido la precaución de no pronunciarse en temas de impacto institucional antes de las elecciones, pero desde el domingo próximo hasta fin de año habrá algunas resoluciones que provocarán polémica.
Una de ellas será la revisión del fallo emitido a principios de mayo pasado cuando la Corte, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2 por 1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Hubo entonces una fuerte reacción negativa por parte de los organismos de derechos humanos, del propio Congreso que estableció un nuevo marco jurídico sobre cómo debe aplicarse la ley y de la ciudadanía que protagonizó marchas de repudio en todo el país.
El fallo que provocó aquel revuelo político salió por decisión de la mayoría conformada por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en contra. Fuentes confiables que transitan los pasillos de Tribunales anticipan que la novedad sería que la nueva votación saldría cuatro a uno, porque Ronsenkrantz mantendría su criterio anterior.
Otro tema con connotaciones políticas al que debe abocarse la Corte es el conflicto planteado en la provincia de Buenos Aires con las leyes que regulan la actividad farmacéutica. Desde 2012 la cadena Farmacity, que en esa época tenía como presidente a Mario Quintana -hoy número 2 de la jefatura de Gabinete de Macri-, viene reclamando desembarcar en territorio bonaerense. Se opone el Colegio de Farmacéuticos de la provincia y hasta funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal.
También en este caso, Rosenkrantz sería uno de los jueces más decididos a favorecer a la cadena, posición que hasta ahora no encontraría unanimidad en el Tribunal.
