El diputado nacional Martín Grande (PRO-Salta) pidió que el Gobierno nacional "realice investigaciones científicas sobre el dióxido de cloro para determinar su posible utilización, antes que nos obliguen a vacunarnos con vacunas de dudosa efectividad" (sic). Días antes, su colega Mónica Frade (Coalición Cívica-ARI-Buenos Aires) cuestionó que "la única solución" contra esta enfermedad sea la vacuna y exhortó al Poder Ejecutivo Nacional a contactarse con el alcalde de San José de Chiquitos, en el departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, para enterarse de su experiencia utilizando "métodos alternativos" contra la COVID-19, como el dióxido de cloro, que supuestamente permitieron que la ciudad hoy no tenga "un caso" positivo.
Sin embargo, el medio de fact-checking Bolivia Verifica indicó a Chequeado que el intendente en cuestión, Germain Caballero Vargas, anunció que se han frenado los contagios, pero que el Ministerio de Salud del país "no ha recibido de parte de su municipio las historias clínicas ni la información epidemiológica que respalde tales afirmaciones".
De hecho, según pudo corroborar este medio, en el último boletín del ministerio, esa ciudad cruceña figura con riesgo "medio", siendo "moderado" el tipo de cuarentena fijado por decreto presidencial más leve y "alto", el más grave de la pandemia.
Grande y Frade, legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, defienden la ingesta de dióxido de cloro pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advirtió a la ciudadanía sobre "la toxicidad de compuestos de cloro" e instó a la "toma de conciencia en autoridades, comunicadores sociales, profesionales y público en general del alto riesgo a la salud por el uso erróneo (oral, inhalado e intravenoso) que se ha promovido" de esta sustancia "para la prevención y tratamiento de la COVID-19".
Además, como se explicó en esta nota de Chequeado, Estados Unidos y España, entre otros países, desaconsejan el consumo de dióxido de cloro. En la Argentina, el uso, la comercialización y la distribución de este producto están prohibidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT, ver acá y acá), que destacó que "el consumo directo de clorito de sodio, en solución acuosa, puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones".
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene, desde que declaró la pandemia, que "no existe ningún medicamento autorizado para curar la COVID-19". En redes sociales ya circularon desinformaciones (ver acá, acá, acá y acá), verificadas por este medio, sobre los falsos beneficios de consumo de esta sustancia.
En su tuit, el legislador de Juntos por el Cambio adjuntó un recorte audiovisual de su intervención en la sesión del 28 de octubre último de la Cámara baja, en que se debatió el Presupuesto 2021, y allí sostuvo que Frade "no es la única diputada que consume dióxido de cloro". "Somos muchos los diputados que consumimos dióxido de cloro, para facilitar nuestra tarea y no contagiarnos el bicho de porquería ese", afirmó Grande, sin identificar a los legisladores que, según dijo, también consumen este compuesto químico.
El tuit de Grande con el video fue compartido más de 1.300 veces en Twitter desde su publicación, el domingo 1 de noviembre, y se convirtió en tendencia el martes último, 10 de noviembre, un mes después del "exhorto" que su colega del partido de Elisa Carrió había formulado en otra sesión de Diputados, en la que se debatió y se le dio media sanción a la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19.
El diputado del PRO-Salta votó en contra de dicha ley y Frade fue una de los 11 diputados que se abstuvo de votar, según consta en la planilla de votación.
No sólo legisladores argentinos han aconsejado el consumo de dióxido de cloro. La promoción del dióxido de cloro como supuesta cura para la COVID-19 fue más trascendente aún en Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente Evo Morales que acaba de ganar las elecciones, impulsó y logró la aprobación de una ley que autoriza la elaboración, la comercialización, el suministro y el uso de la sustancia. Todo esto a pesar de que, como se dijo, no hay evidencia de que este compuesto químico cure el nuevo coronavirus.
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