La espuma todavía no bajó y el diálogo en la Cámara de Diputados no solamente sigue roto sino que, tras el papelón nacional de esta semana, continuaron los cruces entre el oficialismo y la oposición. Hay una alternativa en puerta para retomar la normalidad en el funcionamiento de la cámara, pero por ahora el único camino visible es el de la judicialización.
A Juntos por el Cambio (JPC) no le conviene que la ley de la reforma judicial ni la nueva reforma previsional ni ningún otro proyecto de calibre grueso se debatan por internet.
Y al Frente de Todos (FDT) no le conviene avanzar en la agenda de temas del Gobierno con la coalición opositora, que tiene el 45% de las bancas, cuestionando de ahora en más la validez de todas las sesiones.
En ese contexto, JPC está preparando una denuncia judicial por considerar que la sesión del martes, que terminó en la madrugada del miércoles, es ilegal: señalan que el protocolo de sesiones remotas está vencido, porque debía ser prorrogado por consenso y no contó con su consentimiento.
El FDT, en cambio, afirma que el protocolo sí fue renovado, porque bastó con el acuerdo de ellos mismos, que juntan el 46% de las bancas, con el resto de los bloques opositores, que representan el 9%. En total, un acuerdo del 55%.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa dio por prorrogado el protocolo y avanzó en la realización de una sesión virtual, contra la protesta de JPC, que mandó a sus diputados al Congreso por entender que debía realizarse una sesión de manera presencial, como manda el reglamento, que indica que el cuórum se consigue con los diputados en el recinto, salvo razones de fuerza mayor.
Entre el martes y el miércoles, entonces, se produjo una situación inédita en la historia institucional argentina: diputados de JPC, presentes en el recinto, figuraban como ausentes; y el oficialismo y el resto de los opositores, como presentes, porque se conectaron al sistema de videosesiones.
Los dos proyectos de ley del temario (multas por pesa ilegal y régimen de ayudas al sector turístico) terminaron siendo aprobados en la madrugada, sin la participación de JPC, que a través del radical Alejandro Cacace dejó sentada su posición: se retirarían del recinto porque, para ellos, la sesión virtual era nula.
Y así lo denunciarán ante la Justicia: "Debería reabrirse un proceso de diálogo pero hasta el momento eso no ocurrió. De manera que estamos trabajando en la presentación judicial. La prueba es que nunca registraron nuestra presencia en el recinto, entonces tuvimos que recurrir a un escribano para que acreditara quiénes éramos las personas que estuvimos allí sentadas", dijo a Vía País la radical Brenda Austin.
La radical cordobesa sostuvo que "el mismo presidente de la Nación", Alberto Fernández, "salió a decir que no se pudo sesionar" y que el avance del oficialismo provoca "inseguridad jurídica" respecto de la sanción de leyes.
Austin, secretaria parlamentaria del bloque UCR de la Cámara, sostuvo que el sistema de sesiones a distancia "no es confiable", en particular a la hora de debatir de leyes conflictivas, con posibles votaciones ajustadas, porque la simple desconexión de uno, dos o tres diputados puede alterar el resultado.
Opción
Sin perjuicio del avance de JPC en la denuncia judicial, entre las alternativas barajadas durante las negociaciones realizadas durante la reunión de Labor Parlamentaria figuró una que expuso la macrista Silvia Lospennato en el recinto y que quedó instalada como posible solución al conflicto, aunque por ahora no hay conversación alguna.
Esa alternativa consiste en renovar el protocolo con la opción de presencialidad para asuntos de importancia política, pero habilitando la posibilidad de sesionar a distancia para los diputados que formen parte del grupo de riesgo de la Covid-19.
En caso de activarse la opción de presencialidad, y de que el número de diputados presentes supere la recomendación de la dirección médica de la Cámara (hasta 45 legisladores), se buscaría otro sitio, con mayor capacidad.
Esta opción solamente se aplicaría para asuntos tales como la ley de la reforma judicial, la reforma previsional y el impuesto a la riqueza, recientemente presentado por el oficialismo y cuyo autor es Máximo Kirchner, jefe de la bancada.
Preocupación en la Rosada
Pero el Gobierno, según pudo saber este medio, también está preocupado por el pésimo clima parlamentario; y, en particular, Martín Guzmán.
El ministro de Economía debe mandar este mismo mes, hasta el miércoles 15, nada menos que el Presupuesto 2021. Y, junto con ese proyecto, según pudo saber este medio, enviaría una reforma tributaria que podría incluir como punto sobresaliente una suba de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para los ingresos más altos.
La ruptura en Diputados no le conviene a nadie pero por ahora no hay clima de acuerdo, sino más bien todo lo contrario: la vicepresidenta del bloque FDT, la massista Cecilia Moreau, dijo que en JPC "todavía no pueden superar la derrota" de las elecciones del año pasado y que "lo que tienen que hacer es terapia".
Más leña al fuego echó también Cristina Kirchner, al señalar que en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, gobernadas por JPC, las legislaturas sesionan de manera remota. "Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago", ironizó la vicepresidenta.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
