Cristina Fernández de Kirchner impuso el tratamiento en la sesión a distancia de este jueves de un DNU que su principal enemigo político, Mauricio Macri, dictó en 2015.
Ese decreto de necesidad y urgencia transfirió el manejo de las escuchas de la Procuración General de la Nación, que entonces lideraba Alejandra Gils Carbó, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como el Frente de Todos tiene mayoría, el debate de ese viejo de DNU se impulsó con el fin y la certeza de que fuera rechazado y pasara a la Cámara de Diputados. Es lo que se produjo finalmente al caer la tarde.
Si en la Cámara Baja el oficialismo consiguiera la mayoría de los votos con el apoyo de aliados ocasionales de la oposición, como el interbloque del mendocino José Luis Ramón, sería la primera vez en la historia institucional argentina en que un DNU presidencial pierde vigencia por haber sido rechazado por el pleno de ambas cámaras.
La cuestión de las escuchas es cara para la vicepresidenta. Durante el gobierno de Cambiemos el periodista Luis Majul transmitió conversaciones telefónicas entre ella y Oscar Parrilli, mano derecha suyo, exsecretario general de la Presidencia durante su gobierno y actual senador por Neuquén, que no solamente constituyeron una violación a su intimidad sino también fueron el motivo de burlas y memes de manera masiva.
Por eso el tratamiento de este DNU en particular fue una suerte de venganza política contra el exmandatario nacional.
El interbloque Juntos por el Cambio del Senado, en cambio, consideró la movida de Cristina no solamente una mojada de oreja sino también una ruptura de los acuerdos políticos de la Cámara: que las sesiones por internet —la de este jueves fue la tercera del Senado— sean exclusivamente para debatir asuntos que se relacionen con la pandemia de Covid-19, la enfermedad respiratoria que ocasiona el coronavirus SARS-CoV-2.
Ese acuerdo, inclusive, está plasmado en un decreto parlamentario que dictó la propia presidenta del Senado, mediante el cual limita el contenido de los temarios de las sesiones realizadas por internet a asuntos vinculados con la pandemia y/o a proyectos del Poder Ejecutivo. Por ende, no a un DNU dictado hace cuatro años y medio.
¿Qué hizo entonces JPC? Votó en contra del tratamiento de dos medias sanciones, que este jueves podrían haber sido convertidas en ley.
La primera de ellas, la ley de Alquileres, fue aprobada en Diputados por unanimidad el 20 de noviembre pasado, cuando aún gobernaba Macri.
La segunda, la ley de Educación a Distancia, fue sancionada por la Cámara Baja el 21 de mayo último, por 248 votos afirmativos y dos negativos (de la izquierda), con tan solo 2 abstenciones y 4 ausencias.
JPC está en general a favor de ambas leyes, pero entendió que la forma de responderle a Cristina Kirchner por meter el DNU de Macri era haciendo valer su fuerza numérica.
Qué números hay
El FDT tiene 41 de los 72 senadores; JPC tiene 25; 4 tiene el interbloque Parlamentario Federal (Juan Carlos Romero, Carlos Reutemann, Clara Vega y Lucila Crexell) y quedan los monobloques de Alberto Weretilneck y de Magdalena Solari.
Para que Alquileres y Educación a Distancia se trataran este jueves, se necesitaban los dos tercios de los votos de los presentes, 48 votos, porque ambos proyectos habían obtenido dictámenes de comisión dos días antes, y no los siete días que exige el reglamento de la Cámara.
El oficialismo juntó apenas 42, mientras que 29 opositores lo rechazaron. Es decir que a los 25 de JPC se les sumaron Romero, Reutemann, Crexell y Vega.
Con el oficialismo, en cambio, votaron a favor solamente Weretilneck y Solari.
No estuvo el tucumano José Alperovich, a quien el Senado le aprobó una nueva licencia sin goce de sueldo por 90 días, presionado políticamente por su propio espacio por la denuncia penal de una sobrina suya, que lo acusó de haberla violado.
Por qué es importante el resultado
La foto del rechazo al debate de estos dos proyectos marca un antes y un después: confirma que, en el Senado, para todo asunto que requiera los dos tercios de los votos de los presentes el oficialismo necesitará de la oposición, que hoy le dio la espalda con contundencia. Es la diferencia entre una escribanía y una cámara del Congreso.
¿Qué asunto requiere los dos tercios? Por ejemplo, la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia y nada menos que el pliego del juez Daniel Rafecas a jefe de los fiscales federales, el cargo que ocupó Gils Carbó hasta diciembre de 2017, cuando renunció tras haber sido procesada por la presunta compra fraudulenta del edificio de la Procuración.
Rafecas es un pedido expreso del Presidente de la Nación. Tener al juez federal cumpliendo su rol como jefe de los fiscales federales es el complemento perfecto para la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández, y que idearon el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
"Hay una voluntad revanchista del oficialismo. No hay voluntad de acordar temas ni de escuchar a la oposición y a quienes piensan distinto", lanzó el salteño Romero, una hora antes de que JPC y su interbloque de 4 senadores se desconectaran de la sesión para dejar a los oficialistas criticándolos en soledad por no haber permitido el tratamiento de Alquileres y Educación a Distancia, propuestas que, de todas maneras, la semana que viene podrán convertirse en ley por mayoría simple. Y JPC las apoyará.
Cristina cumplió su cometido: rechazó un DNU de Macri que le causó daño de manera personal e instaló el asunto en la opinión pública. Además, logró que el Congreso convalidara el DNU que le otorga superpoderes a Santiago Cafiero. Pero el pliego de Rafecas hoy parece más difícil de ser aprobado.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
